Citan a declarar como investigadas a siete personas por el vertedero de Nerja, entre ellas la alcaldesa y el exregidor

Vertedero de Nerja/
Vertedero de Nerja

Las causas de la investigación son la presunta falta de autorización ambiental y el supuesto fraude en la gestión de los residuos de construcción y demolición del vertedero

EUROPA PRESS

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox (Málaga) ha citado a siete personas para declarar como investigadas en el mes de diciembre en relación con la causa iniciada por el vertedero de la localidad malagueña de Nerja que presuntamente carece de autorización ambiental y por el supuesto fraude en la gestión de los residuos de construcción y demolición en dicho espacio.

En las últimas providencias del juzgado, según han informado fuentes judiciales a Europa Press, el juez instructor acuerda la declaración como investigada de Rosa María Arrabal Tellez, actual alcaldesa del PSOE, para el día 1 de diciembre; mientras que el exregidor del PP José Alberto Armijo está llamado a acudir a declarar el día 14 del mismo mes.

Asimismo, se fija para el día 11 de diciembre la declaración de Adolfo Moreno Carrera, actual delegado de Medio Ambiente, y para el dos días después la de otra persona vinculada a la Junta de Andalucía, señalando el juez que estos dos sean citados a través del letrado de la Administración andaluza.

Además, el instructor cita a otros cargos municipales de esta corporación y de anteriores para otros días de diciembre y para enero, en concreto desde el 17 al 31 de dicho mes, prevé siete declaraciones testificales. Ya han pasado por el juzgado la mayor parte de los 26 empresarios investigados en esta causa; una primera ronda de interrogatorios que termine el próximo día 30.

La Guardia Civil ha llevado a cabo esta investigación, denominada 'Rubbish', en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, que presentó una querella sobre estos hechos, lo que dio lugar al inicio de un procedimiento en este juzgado. Así, se investigan delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, falsedad y prevaricación.

El vertedero, que en 2016 ocupaba 36.000 metros cuadrados, está ubicado junto al río de la Miel, dentro del monte público Pinar y dehesa del río Chillar y del Parque Natural Sierra de Tejera, Almijara y Alhama; "un espacio protegido"; y existe desde hace unos 15 años, según la querella, resultando de las investigaciones que se está "vertiendo de manera incontrolada toda clase de residuos de la construcción y demolición, peligrosos, y grandes cantidades de podas".

Esto supondría, según lo actuado hasta ahora, un grave peligro para el medio ambiente y el equilibrio de los sistemas naturales, además de un alto riesgo de incendio, entre otras consecuencias medioambientales y de seguridad para las personas. Este espacio viene siendo explotado por una sociedad, formada por cinco empresas; pero con el conocimiento de las administraciones.

Tras inspecciones realizadas, los investigadores detectaron que no hay sistema de canales que eviten la entrada de agua de lluvia, que los residuos se depositan directamente sobre el terreno, que no existen medidas de control sobre emisión y acumulación de gases, algunos de ellos inflamables; y que no hay cortafuegos o sistema de extinción de incendios ni vallado perimetral.

Asimismo, hay especies de flora silvestre en la zona, incluidas en la categoría en peligro de extinción y, según las fuentes, en caso de producirse un incendio el daño medioambiental podría ser considerado de "catastrófico" desde un punto de vista medioambiental, según los investigadores, afectando directamente al parque natural o incluso al paraje de los acantilados de Maro-Cerro Gordo.

Además, las empresas encargadas de la explotación habrían expedido "certificaciones falsas" a las empresas que acudían a ellos para la adecuada gestión de sus residuos, acreditativas de que estos están siendo vertidos en vertedero controlado, según la investigación inicial.

En este sentido, la Guardia Civil comprobó la existencia de un posible fraude en la gestión de los residuos de construcción y demolición en el vertedero ilegal del municipio que podría superar los 2,5 millones de euros. Este sería, según el instituto armado, el coste aproximado de la correcta gestión de esos residuos que han sido vertidos "indiscriminadamente y de manera ilegal".

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