Los dueños de casas en el campo piden bajar a la mitad el tiempo máximo de revisión de licencias

En la provincia se estima que hay 50.000 viviendas fuera de ordenación de un total de 300.000 en el conjunto de la comunidad andaluza.
En la provincia se estima que hay 50.000 viviendas fuera de ordenación de un total de 300.000 en el conjunto de la comunidad andaluza. / E. C.

La asociación Salvemos Nuestras Casas (SOHA) reclama al Consejo Consultivo una reducción de 20 a 10 años para salvar la «práctica totalidad» de las casas construidas

Eugenio Cabezas
EUGENIO CABEZAS

El laberinto de las viviendas construidas en el suelo no urbanizable de la comunidad andaluza mantiene en vilo a cientos de miles de familias, la inmensa mayoría extranjeros, compradores de buena fe, que un día decidieron comprarse aquí una casa en el campo para pasar el resto de sus días. Desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en 2003, se puso freno al urbanismo desaforado que durante los años noventa se extendió por toda la comunidad, y que dio sus últimos coletazos en la primera mitad de la pasada década. Desde entonces, miles de familias viven con la incertidumbre de qué ocurrirá con sus casas, si serán o no demolidas por orden judicial, tras abrírseles expedientes y comenzar con procedimientos en tribunales.

Tras conseguir que en 2012 se aprobara un primer decreto de regularización de viviendas, los propietarios de estos inmuebles, agrupados en el colectivo Save Our Homes (SOHA), Salvemos Nuestras Casas, siguen luchando para alcanzar la plena tranquilidad para el mayor número posible de afectados por esta problemática. El pasado año consiguieron además la modificación de la LOUA para salvar las casas construidas a partir de parcelaciones del suelo no urbanizable.

Ahora se han fijado una tercera meta: la reducción a la mitad del tiempo máximo legal para que una licencia pueda ser revisada en la vía administrativa. El objetivo de SOHA es que este plazo se reduzca de los 20 años actuales a 10, de manera que con ello se salvaría a la «práctica totalidad» de las casas construidas, según estimó el portavoz del colectivo y alcalde de Alcaucín, el belga Mario Blancke (Ciudadanos). «Actualmente la doctrina del Consejo Consultivo, en sus informes, que son preceptivos pero no vinculantes, es que los procedimientos no caducan hasta los 20 años, pero hay legislación y jurisprudencia que señala que ese plazo debe ser de 15 o incluso de sólo cinco años», aseguró.

Según explicó el regidor alcaucimeño, si se consigue este cambio de doctrina, se salvarían «casi todas» las viviendas construidas en el campo, siempre que no estén situadas en suelos de especial protección ni en terrenos inundables. Optarían a las figuras del Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO) y Legal Fuera de Ordenación, que se introdujeron con el Decreto 2/2012. Esto permite poder registrar las casas en el Registro de la Propiedad y acceder a los servicios básicos, como agua y luz, algo a lo que hasta ahora no podían aspirar, mientras que otros, bajo la apariencia total de legalidad de sus licencias ya disfrutaban de todos estos servicios. «El proceso administrativo es muy lento, por lo que pedimos que el límite de revisión de las acciones administrativas sobre estas viviendas de los compradores de buena fe se reduzca de 20 a 10 años», explicó Blancke.

El colectivo, formado en su mayoría por foráneos, exige igualar los derechos de acceso a los suministros básicos

En este sentido, el alcalde de Alcaucín explicó que también se enviarán las modificaciones referentes al derecho de usufructo, derechos sobre la superficie y de acceso al mercado hipotecario, que ya fueron remitidas a la Comisión de Justicia a nivel nacional. Finalmente, con respecto a la calidad de vida de los afectados, SOHA exige igualar los derechos de acceso a los suministros básicos como agua, luz, saneamiento o telefonía.

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