La alcaldesa de Nerja asegura ante el juez que desconocía la existencia del vertedero ilegal

Rosa Arrabal sostiene que los técnicos municipales no le informaron del asunto hasta que se inició la operación policial y recuerda el robo en el Consistorio en 2016

Eugenio Cabezas
EUGENIO CABEZAS

Desconocía su existencia hasta que los agentes del Seprona de la Guardia Civil se personaron en el Ayuntamiento en agosto de 2016 con la orden de cerrarlo. Esto fue lo que argumentó ayer ante el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox la alcaldesa de Nerja, Rosa Arrabal (PSOE), en relación al vertedero ilegal del río de la Miel, en el que se acumularon, entre junio de 1998 y septiembre del pasado año, 800.000 metros cúbicos de todo tipo de residuos, sin ningún control ni autorización medioambiental.

De esta forma la regidora socialista, que compareció en calidad de investigada en esta causa, se ratificó en lo que ya declaró ante los agentes del Instituto Armado el pasado junio, cuando fue citada en la Comandancia de Málaga, según explicaron ayer SUR varias fuentes judiciales. Este periódico intentó sin éxito recabar una valoración de la alcaldesa sobre su comparecencia ante el juzgado.

El que fuera edil de Medio Ambiente con el PP, José Miguel Jimena, también alegó que desconocía su ilegalidad

La regidora socialista dijo al juez que no conocía la documentación sobre este asunto y recordó que en marzo de 2016 se produjo un robo en el Ayuntamiento en el que desaparecieron numerosos expedientes urbanísticos, aunque desconocía si entre estos estaban algunos relacionados con el vertedero ilegal. En este sentido, Arrabal apuntó que hasta que se inició la investigación por parte del Seprona, los técnicos municipales no la habían informado sobre las cuestiones relacionadas con el vertedero.

La denominada ‘operación Rubbish’ se inició a raíz de las pesquisas llevadas a cabo por el Seprona de la Guardia Civil, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga y el mencionado juzgado, tras las denuncias de ecologistas, vecinos y de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de Andalucía (Agreca), que actúa como acusación particular.

Durante noviembre declararon ante el juez una treintena de empresarios de la zona. Según ha podido saber SUR, los empresarios alegaron que era el Ayuntamiento el que les decía que tenían que verter allí los escombros y residuos, y que el propio Consistorio también usaba la cantera como vertedero. Además, alegaron que la actividad no les reportaba ningún beneficio económico, ya que cobraban sólo el coste del transporte y su vertido en la antigua cantera.

Esta semana han comenzado las comparecencias de los cargos públicos investigados, que se iniciaron el miércoles con la del actual edil del PP y responsable de Medio Ambiente durante varios mandatos, José Miguel Jimena. El concejal alegó también que desconocía la ilegalidad del vertedero, y que pensaba que estaba todo correcto porque los técnicos nunca le dijeron nada. Admitió que conoce a empresarios pero que nunca se reunió con ellos para tratar este asunto.

El pasado jueves pasaron por el juzgado los exconcejales del PP José Alberto Tomé y Jonathan Méndez, y en los próximos días también tendrán que hacerlo el anterior alcalde de Nerja durante veinte años y diputado provincial, el popular José Alberto Armijo –en concreto, el día 14–, y su compañera de partido en la actual corporación Nieves Atencia, el día 15. Además, han sido citados para el 11 y 13 de diciembre Adolfo Moreno, delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y Carmen Molero, técnico de Medio Ambiente de la Junta, respectivamente.

Completarán las comparecencias judiciales de cargos públicos, los concejales de Urbanismo, Infraestructura y Servicios Municipales, José María Rivas (PSOE), el de Medio Ambiente, Jorge Bravo (IU), y el exedil del PP Antonio García, el 31 de enero. Un total de 43 personas, entre empresarios, cargos y excargos públicos, están siendo investigados por este asunto y se han bloqueado a los empresarios más de 190 bienes muebles e inmuebles valorados en más de 5 millones. A los investigados se les imputan presuntos delitos contra el medio ambiente, falsedad documental, estafa, pertenencia a grupo criminal, prevaricación medioambiental omisiva y prevaricación administrativa.

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