El alcalde de Vélez justifica la anulación del pleno solicitado por el PP en un informe del director general

El alcalde, Antonio Moreno./A. P.
El alcalde, Antonio Moreno. / A. P.

Antonio Moreno declara al juez que fue el secretario municipal quien le pidió que exigiera otro informe ante el «lío que se había formado» con dicho pleno

Agustín Peláez
AGUSTÍN PELÁEZ

El alcalde, el socialista Antonio Moreno Ferrer, declaró ayer ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez, como investigado por un presunto delito contra los derechos cívicos denunciado por el grupo municipal del PP a raíz de la anulación de un pleno solicitado por esta formación política a finales de diciembre de 2016. En su declaración, el regidor indicó que procedió anuló el pleno en cuestión en base a un informe emitido por el director general del Ayuntamiento, un informe en el que el funcionario indicaba que la convocatoria realizada por el secretario municipal adolecía de defectos y manifestaba la necesidad de suspender el mismo e iniciar un expediente de revisión de oficio.

Según el alcalde, solicitó dicho informe ante el «lío que se había formado» y a petición del propio secretario municipal del Consistorio.

No obstante, aclaró a preguntas de su abogado que en ningún momento impidió el acceso de los concejales del PP al salón de plenos el 9 de febrero pasado, que era cuando debía haberse celebrado la sesión. De la misma manera, indicó Moreno que el día en cuestión había quórum suficiente, puesto que el PP cuenta con 10 concejales, y que la sesión se habría podido celebrar si hubiera acudido el secretario. Según el alcalde, el alto funcionario le llegó a pedir que emitiera una nota interior para que le ordenara que no fuese al salón de plenos, cosa que no hizo.

El procedimiento que se sigue en le Juzgado numero 3 de Vélez tiene su origen en la anulación de un pleno solicitado por el PP en diciembre de 2016. El grupo pidió un pleno extraordinario con ocho puntos. Sin embargo, sólo se celebró uno en tiempo y forma con un sólo asunto, el octavo, por ser el único que incluía una propuesta de resolución. Los siete restantes se referían a temas económicos sin propuestas de acuerdo, por lo que el secretario municipal requirió al PP para que los subsanase e incluyera propuestas de resolución, a lo que se opuso el grupo «popular». El funcionario comunicó a la corporación la convocatoria del pleno extraordinario con los siete puntos para el 9 de febrero. Sin embargo, el alcalde la anuló y no se celebró, aunque el PP se personó con un notario para levantar acta de que el salón de sesiones estaba cerrado a la hora fijada.

Ante ello, el PP denunció le asunto ante el contencioso administrativo y ante lo penal. Paralelamente, se inició de oficio la revisión de la anulación del pleno por el Consejo Consultivo, dándole la razón al grupo de la oposición, al igual que el Contencioso.

El alcalde dijo ayer en su declaración que no es normal que cuando se pide un pleno por la oposición se convoque primero uno con un asunto y después otro con el resto, y que si el secretario no hubiera emitido informe desfavorable sobre siete de ellos, «se hubiera celebrado el pleno extraordinario con todos».

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