Armijo autorizó en 1998 los primeros vertidos de escombros en la cantera del río de la Miel de Nerja

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Imagen del vertedero, que ocupa 36.000 metros cuadrados y acumula 800.000 metros cúbicos de residuos. / E. Cabezas

  • El exalcalde notificó al anterior adjudicatario de la explotación esta medida y en 2004 consiguió un permiso del Ministerio para sellar el vertedero «en el plazo de un año»

El que fuera alcalde de Nerja durante cinco legislaturas, entre 1995 y 2015, el actual diputado provincial de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías, José Alberto Armijo, autorizó por primera vez en junio de 1998 el vertido de escombros en la antigua cantera de Valverde, situado en el cauce bajo del río de la Miel, en pleno parque natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama. Así consta en un documento firmado por el exregidor al que ha tenido acceso este periódico.

«Le comunico que, por razones de urgente necesidad, hasta nuevo aviso queda autorizada la descarga de escombros sobre los terrenos que conforman la cantera referenciada, debiendo usted emplear tales materiales en las labores de restauración del espacio afectado por la misma», recoge el escrito firmado por Armijo el 16 de junio de 1998, remitido al anterior adjudicatario de la explotación, que fue declarada extinta en un pleno celebrado el 14 de agosto de 1997.

De esta forma, el que fuera regidor nerjeño durante dos décadas daba comienzo a un enorme vertedero ilegal que funcionó hasta septiembre de 2016, cuando fue cerrado por orden del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). El enclave está ahora en el punto de mira del Instituto Armado, la Fiscalía de Medio Ambiente y del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox, que instruye desde el pasado mes de abril este caso, en el que hay, de momento, ya investigadas, al menos, 37 personas, entre empresarios del sector de la construcción de la zona –que presuntamente crearon una sociedad para gestionar el vertedero–, técnicos municipales, y cargos políticos del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía.

Entre ellos está la actual alcaldesa, Rosa Arrabal (PSOE), y su antecesor en el cargo. Además de ambos, han acudido ya a declarar ante el Seprona cinco ediles y exediles del PP, y los actuales responsables de Infraestructuras, José María Rivas (PSOE), y Medio Ambiente, Jorge Bravo (IU). Arrabal manifestó su «total disposición» a colaborar con la investigación de un asunto que dijo que conocieron a raíz de las denuncias del Seprona y de la Fiscalía, «porque anteriormente, cuando veíamos denuncias de vecinos, ecologistas o de la Junta en los medios, el anterior gobierno del PP siempre decía que el vertedero tenía autorización y que era conocido y consentido», manifestó la regidora nerjeña.

Investigación en curso

Preguntado por el documento al que ha tenido acceso SUR, Armijo dijo que «siguió las indicaciones de los servicios jurídicos municipales». El exalcalde reiteró que él no está siendo investigado en esta causa, a pesar de que este periódico ha podido confirmar que cuando acudió a las dependencias de la comandancia de la Guardia Civil se acogió a su derecho a no declarar. Armijo aseguró además a SUR que fue una cantera «no restaurada por culpa de la Junta de Andalucía».

En otro documento posterior al que ha tenido también acceso SUR, con registro de entrada en el Ayuntamiento el 20 de diciembre de 1999, el delegado de Medio Ambiente de entonces, Ignacio Trillo, requiere información sobre el vertedero a raíz de una denuncia de un vecino, Rafael Rivas, recordándole a Armijo que la creación de vertederos «deberá ser autorizada por esta Delegación previa Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/94 de Protección Ambiental», según recoge el documento.

En respuesta a este escrito, Armijo argumentó, en marzo de 2000, que el plan de restauración planteado por el adjudicatario de la cantera «devino inejecutable, salvo que fuera ocupada una franja adicional del terreno forestal, a efectos de posibilitar dicho abancalamiento: posibilidad esta última no admitida por esta corporación ni esa Delegación». El escrito continúa señalando que «la única solución para hacer viable dicha restauración era la aportación de materiales, en volumen tan importante que su coste rebasaba las disponibilidades financieras del señor Valverde». «Ante ello, y siendo planteada por los empresarios de la construcción en Nerja la ineludible necesidad de disponer urgentemente de un lugar en el que depositar los escombros procedentes de tal actividad, consideramos adecuado que ello fuera realizado en la inmensa hondonada que había resultado de la explotación minera», continuaba en su escrito el entonces alcalde nerjeño.

Posteriormente, en octubre de 2004 el Ayuntamiento recibe una autorización favorable de la Confederación Hidrográfica del Sur, dependiente entonces del Ministerio de Medio Ambiente, para proceder a la restauración de la antigua cantera. En la resolución, a la que también tuvo acceso este periódico, se establece que los trabajos «tendrán una primera fase consistente en la aportación de residuos inertes sin producción de lixiviados y posteriormente un sellado de los vertidos para que el espacio resultante pueda acoger algún equipamiento público, así como el desvío provisional de las aguas de la lluvia, que desaguarían en una balsa intermedia», sostiene. Entre las condiciones que establecía el Ministerio estaban que «las obras se iniciarían en el plazo de tres meses y deberán quedar terminadas en el de un año».

A este respecto, Armijo sostuvo que este permiso «debió prorrogarse, que yo recuerde nunca nos pidieron el cese para la restauración». El exalcalde criticó a Arrabal por «mentir diciendo que ella cerró el vertedero». Además, aseguró que hasta hace unos días en la página web municipal «había un apartado en el que se informaba a los vecinos que podían llevar allí los escombros y las podas». Preguntado si este consejo estaba también en su época, el exalcalde lo negó.

En el caso se investigan presuntos delitos contra el medio ambiente, falsedad documental, prevaricación, estafa y pertenencia a organización criminal. El juzgado torroxeño ha ordenado el embargo de 191 bienes, entre viviendas, fincas, barcos, naves industriales, coches y maquinaria pesada, pertenecientes a 26 empresarios y sus once sociedades. El objetivo es cubrir la presunta responsabilidad pecuniaria para recuperar el entorno de la cantera, unos trabajos que el fiscal ha valorado en diez millones de euros, según consta en el auto judicial al que tuvo acceso SUR. Los embargos suman 5 millones y el coste del fraude asciende a 2,5 millones.

El vertedero del río de la Miel funcionó entre 1998 y septiembre de 2016. Ocupa 36.000 metros cuadrados, dentro del parque natural de Tejeda, Almijara y Alhama. En la zona se acumulan más de 800.000 metros cúbicos de residuos. Durante años fue objeto de denuncias vecinales, de ecologistas y grupos políticos como IU. La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Andalucía (Agreca) fue la última en sumarse. Armijo dijo a SUR el pasado marzo que el vertedero era «conocido y consentido».

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