El alcalde de Benamocarra se sentará en marzo en el banquillo de la Audiencia por falsedad documental

El fuerte enfrentamiento público que mantuvieron durante varios años el alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena (Por Mi Pueblo), y el que fuera portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y director del instituto de la localidad axárquica, Manuel Ruiz Cazorla, tendrá una nueva derivada en los juzgados, a finales del próximo mes de marzo, para cuando se ha fijado el juicio en la Audiencia Provincial en el que se sentará en el banquillo el regidor, para el que el fiscal pide cuatro años y medio de prisión por un presunto delito continuado de falsedad documental.

Los hechos se remontan al año 2008, cuando el alcalde colocó unas vallas frente al centro educativo en las que acusaba a Ruiz Cazorla de ser «un enchufado» de la Junta de Andalucía, por su designación como director. El docente y entonces portavoz socialista en la oposición lo denunció por injurias y calumnias, en un procedimiento por el que fue condenado en 2014 a una multa de 9.600 euros y a seis meses de inhabilitación, que finalmente no tuvo que cumplir, por lo que se pudo presentar a las últimas elecciones, en las que fue reelegido alcalde.

Sin embargo, a raíz de este procedimiento, la defensa de Ruiz Cazorla, que lleva el abogado malagueño Francisco Galán Palmero, interpuso una demanda, al considerar que los documentos aportados en aquel juicio por Lucena «habían sido manipulados», siendo creados, supuestamente, a posteriori, con la intención de exculpar al regidor benamocarreño en el proceso. Por este motivo, el fiscal pide para él cuatro años y medio de prisión, una multa de 8.640 euros y cinco años de inhabilitación. Junto a Lucena se sentarán en el banquillo el policía local Damián Gálvez del Postigo Cabello y el operario municipal José Enrique Alba Fortes, para los que el Ministerio Público pide la misma pena. El juicio en la Audiencia Provincial está señalado para los días 28, 29 y 30 de marzo y 5 de abril.

«Documentos privados»

Por su parte, el alcalde dijo ayer a SUR que está «totalmente tranquilo» porque confía en su plena inocencia, «al tratarse de documentos privados, por lo que no va a haber ningún problema para poder demostrarlo». «Tenemos dictámenes de destacados catedráticos que avalan que se trataba de documentos privados, por lo que no hay delito», dijo.

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