Diario Sur

La Fiscalía del 'caso Arcos' pide tiempo para contestar una por una las cuestiones previas y las solicitudes de prescripción de delitos

Juicio del 'caso Arcos' en la Ciudad de la Justicia de Málaga.
Juicio del 'caso Arcos' en la Ciudad de la Justicia de Málaga. / Ñito Salas
  • Las acusaciones particulares se niegan a alterar el orden natural de la vista y el presidente del Tribunal suspende el juicio hasta el lunes

La segunda sesión del ‘caso Arcos’ contra la corrupción urbanística en el municipio de Alcaucín ha estado decidida a la presentación por parte de los abogados defensores de los 40 imputados que permanecen en el banquillo de los acusados de las cuestiones previas relacionadas con supuestas vulneraciones de derechos de defensa, delitos prescritos, acusaciones sorpresivas de las que los procesados se han enterados con el auto de transformación de procedimiento abreviado, calificaciones indebidas, nulidades de escuchas telefónicas e incluso del derecho a la libertad. Ante el elevado número de cuestiones previas, el Ministerio Fiscal ha pedido al Tribunal que juzga la macrocausa, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, tiempo para poder responder una por una a todas las cuestiones, muchas de las cuales han sido planteadas por escrito por las respectivas defensas. En este sentido, el Tribunal ha pedido a los abogados que no han aportado las fechas para argumentar las solicitudes de prescripción de delitos que faciliten al juez ponente dicha fecha y el folio de las acusaciones.

Aunque el presidente de la Sala ha intentado alterar el orden de la vista dando la palabra a las acusaciones particulares (14), estas han pedido intervenir después del pronunciamiento de la Fiscalía respecto a las cuestiones previas. Ante esta situación, el presidente del Tribunal ha decidido suspender el juicio hasta el próximo lunes 14, día en el que está prevista la tercera sesión de este macrojuicio, que está previsto se prolongue hasta el próximo 27 de septiembre de 2017.

Se da la circunstancia además de que a lo largo de la sesión de hoy algunos abogados han exigido una respuesta rápida e individualizada a todas las cuestiones previas, por entender que “en las macrocausas se tiende a dar una respuesta global”. En este sentido, han insistido en exigir que se repongan una a una y no de manera conjunta.

Algunos letrados de la defensa han vuelto a denunciar que no disponen de todos los documentos de la causa y por tanto no pueden manejar toda la información para defender a sus clientes, por lo que han reiterado su queja. En concreto, denuncian que no disponen aún de los ocho tomos de la instrucción y las pruebas documentales anticipadas, ni los informes que se siguen presentando, especialmente por parte de la Junta de Andalucía.

El letrado encargado de la defensa del que fuera arquitecto de la Diputación, José Francisco Mora, el abogado José Carlos Aguilera, se ha quejado de que los oficios de la Guardia Civil dirigidos a Juzgado de Instrucción no tenían registro de entrada y que se desconoce cómo llegó el asunto al Juzgado número 3 de Vélez, instructor de la causa. Asimismo, ha señalado que el auto de incoación del juez instructor no dirige la investigación a ninguna persona y que los autos autorizando las escuchas telefónicas de su cliente no fueron trasladas a la Fiscalía como garante de la legalidad del proceso. En este sentido, ha pedido la nulidad del auto de intervención comunicaciones por no haberse oído al defensor de la legalidad del proceso, el fiscal.

Aguilera ha recordado asimismo que el 24 febrero de 2009 tuvo lugar el primer registro de entrada en Juzgado de un oficio de la Guardia Civil para solicitar el mandamiento de entrada y registro en varios domicilios, aunque tampoco se dio traslado a la Fiscalía, por lo que entiende que existen motivos de nulidad del auto.

Sobre la detención de su cliente, ha manifestado que se solicitó prorroga de 72 horas más cuando ya se habían pasado primeras 72 horas que marca la ley, por lo que ha calificado el auto accediendo a la prorroga de anticonstitucional por la vulneración del derecho a la libertad. “Proponemos la nulidad del auto de 2 marzo de 2009 con mención expresa a la vulneración del derecho a la libertad y sean expulsadas de la causa las pruebas obtenidas de manera ilícita”, ha manifestado el letrado.