La Junta abre la vía para legalizar diez mil casas en parcelaciones en el campo

En la Axarquía hay alrededor de veinte mil viviendas en el campo, de las cincuenta mil de la provincia.
En la Axarquía hay alrededor de veinte mil viviendas en el campo, de las cincuenta mil de la provincia. / Eugenio Cabezas
  • La comisión de Medio Ambiente admite las enmiendas de la asociación SOHA para ‘amnistiar’ a las viviendas con expedientes abiertos

La lucha que vienen manteniendo desde hace ocho años los propietarios de viviendas irregulares construidas en el suelo no urbanizable de Andalucía continúa dando sus frutos. La problemática que afecta en el conjunto de la comunidad a unas 300.000 edificaciones, de las que 50.000 están en la provincia y de éstas, 20.000 se localizan en la comarca oriental de la Axarquía, parece que podría tener en este mes de julio una salida legal, con la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que tramita el Ejecutivo regional. Después de que en 2012 se aprobase un primer decreto de regularización, cuyos efectos prácticos no se acaban de dejar notar, la Junta, empujada por la presión de asociaciones como Save Our Homes (SOHA), siglas en inglés de Salvemos Nuestras Casas, está decidida a dar una nueva salida legal, especialmente centrada ahora en la problemática de las viviendas construidas a partir de parcelaciones rústicas.

Este tipo de inmuebles son muy frecuentes en provincias como Cádiz, Córdoba y Almería, y también en comarcas como la Axarquía. En concreto, según calculan los responsables de SOHA, la amnistía podría beneficiar a entre 50.000 y 70.000 inmuebles en la comunidad andaluza, de los que diez mil estarían en la provincia, fundamentalmente en la zona oriental. La Junta de Andalucía aún no ha hecho cálculos sobre las consecuencias de la modificación de la ley, pero un primer dato facilitado hace dos años señalaba una cifra de entre 25.000 y 30.000 casas en el suelo no urbanizable.

El portavoz de SOHA y alcalde de Alcaucín por Ciudadanos, el belga Mario Blancke, consideró ayer que la admisión de las enmiendas que tuvo lugar la semana pasada en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz «es una noticia magnífica» para los compradores de buena fe que en su día adquirieron una vivienda en el campo, «con licencias otorgadas por los ayuntamientos y todos los papeles en regla», matizó.

En concreto, la primera de las propuestas de SOHA admitidas, y que ahora tendrá que ser ratificada por el Parlamento, en una sesión que está prevista, en principio, para el próximo día 20 de julio, se refiere a la prescripción de las parcelaciones. Esto supone que se podrán regularizar aquellas viviendas que han sido levantadas sobre una superficie cuya finca fue segregada sin que urbanísticamente estuviese permitido.

Acceso a servicios básicos

Los miembros de SOHA defendieron este supuesto, puesto que en muchos casos, se trataba de «compradores de buena fe» que adquirieron la propiedad sin saber qué se había construido en un terreno reparcelado. La segunda medida presentada, que también ha sido muy defendida por SOHA, es el acceso provisional a servicios básicos en edificaciones existentes en el suelo no urbanizable que constituyen la vivienda habitual. La ley impedía que, al estar en una situación irregular, no contaba con autorización para contratar suministros básicos como pueden ser luz o agua.

La última de las reivindicaciones de SOHA que ha sido admitida en forma de enmienda a la reforma legal era la modificación de la Disposición Transitoria Única, tal y como está previsto en el Proyecto de Ley. Esto dejaba fuera a los propietarios de viviendas donde ya había recaído una resolución administrativa desfavorable. El nuevo texto abre una puerta a una «revisión, revocación o anulación» de la resolución administrativa.