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El Ayuntamiento derriba una vivienda ilegal construida en el campo en Almayate

Ejecutan la demolición de 140 de los 220 metros de la casa que el afectado construyó en 2003 en la Cortijada Los Díaz tras una sentencia firme

eugenio cabezas

Viernes, 20 de noviembre 2015, 00:18

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eugenio cabezas

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga comenzó ayer a derribar gran parte de la vivienda de Luis Molina, un madrileño de 64 años, situada en la Cortijada Los Díaz, en Almayate Bajo. El inmueble fue construido sin licencia municipal en 2003, en un terreno calificado como agrícola de especial protección en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), que data de 1996, y contaba con una sentencia firme de demolición desde 2010, pero no ha sido hasta ahora cuando el Consistorio la ha ejecutado.

La empresa subcontratada por el Ayuntamiento comenzó a demoler las ventanas y puertas, separando la vivienda primitiva, que data de 1942, de la construcción realizada por Molina en lo que eran las antiguas cuadradas y almacenes para el ganado. El inmueble original, que aún conserva el tejado de los años cuarenta y el suelo, tiene apenas ochenta metros cuadrados. «Llevamos viniendo aquí de vacaciones desde 1973, cuando aún no teníamos hijos, primero de alquiler y en 2001 compramos la parcela», confesó ayer a SUR Molina, visiblemente afectado por la situación.

«La casa, en realidad, no está escriturada a mi nombre, sino a los de mis dos hijos, junto a otras siete personas, amigos y familiares, yo sólo soy usufructuario», apuntó este abogado, con despacho profesional en la capital de España y que durante varias décadas ha trabajado en el sector inmobiliario. «Cuando salió la sentencia nunca pensé que llegarían a tirarme la casa, en mi situación hay muchas familias, no sólo en Vélez-Málaga sino en toda la Axarquía, en la provincia de Málaga y en Andalucía», dijo señalando desde la terraza en las cuatro direcciones, donde se ven miles de inmuebles construidos en el suelo no urbanizable de la comarca oriental. «Me siento un chivo expiatorio, pienso que han venido a por mí», afirmó.

Según explicó este vecino, la pasada semana presentaron un escrito en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga, solicitando un aplazamiento de la demolición, al considerar que la vivienda puede acogerse al decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía para la regularización de los inmuebles construidos en el suelo no urbanizable de la comunidad, que fue desarrollada posteriormente por la Orden dictada el 1 de marzo 2013. «La demolición de los metros transformados en vivienda, en el proceso de reforma, viene en la práctica a suponer la aniquilación total de la misma, dado que se encuentran constructivamente unidas estructuralmente», afirmó su letrado, Ricardo Duque.

Reducción en el nuevo PGOU

Sin embargo, el Consistorio veleño entiende que la vivienda, por estar situada en un suelo agrícola de especial protección, no tiene posibilidades de acogerse al decreto andaluz. «La acción de Luis Molina seguramente es reprobable, rehabilitar y reformar una vivienda en el campo, pero él ha cumplido su pena, ha pagado su multa, de 2.160 euros, y ha pasado un pequeño calvario a lo largo de estos 12 años», sostuvo el abogado, que cuenta además con una vivienda en la misma zona. «Lo que sí quiero es que esto no le vuelva a pasar a nadie más, espero ser yo el último», dijo Medina, a quien ya le han comunicado que las tareas de derribo le supondrán un desembolso de 21.000 euros.

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Cynthia García (PSOE), admitió que era la primera orden de demolición que ejecutan desde que accedieron al cargo el pasado junio, «pero no es el primer caso parecido que nos hemos encontrado». «En Vélez-Málaga tenemos un problema muy grave con las viviendas en el suelo no urbanizable, porque un 80% del territorio está calificado como de especial protección, y casi no es posible acogerse a las normas andaluzas», dijo.

Así, apuntó que van a tratar de reducir esta protección en la revisión del PGOU, cuyo avance será aprobado en pleno antes de final de año. «No es agradable una situación así pero tenemos que cumplir la ley», afirmó. El anterior equipo de gobierno del PP cifró en 4.000 las viviendas fuera de ordenación en Vélez-Málaga, de las que sólo once se podrían legalizar.

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