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Gustavo Sánchez Pastor, ayer a las puertas de la cafetería Lamia con documentación sobre el local.
«Si sirve de algo la locura que hice en el bar, habrá merecido la pena»

«Si sirve de algo la locura que hice en el bar, habrá merecido la pena»

Gustavo Sánchez tendrá que pagar una multa de 1.446 euros por un delito contra el orden público tras atrincherarse armado en su local cinco horas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 2 de septiembre 2015, 00:31

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«Si sirve de algo la locura que hice ayer en el bar, creo que habrá merecido la pena». Con estas palabras valoró ayer a SUR su actitud Gustavo Sánchez Pastor, el vecino de Torre del Mar de 37 años que el pasado lunes se atrincheró durante cinco horas en el local de su propiedad para protestar por los conflictos que mantiene desde hace quince años con la comunidad de propietarios del edificio Puerto Rico, situado encima, en el que además es propietario de dos de los 41 pisos. «No debo ni un euro a la comunidad, y aquí están haciendo muchas cosas muy raras a mis espaldas desde hace demasiado tiempo, sin dejarme consultar la documentación», agregó el hombre, que fue condenado de conformidad por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez-Málaga a ocho meses y un día de multa, a razón de seis euros diarios, lo que suma un total de 1.446 euros, por un delito contra el orden público.

Según confesó Sánchez Pastor en declaraciones a este periódico tras la celebración del juicio rápido, «en ningún momento pensé en quitarme la vida dentro del bar, sólo quería llamar la atención, porque además sabía que el arma de mi padre estaba inutilizada, que no funcionaba», matizó. «Tenía mucho miedo, cuando vi que cada vez había más policías fuera», admitió el vecino, quien reconoció que «lo único» que pedía a los mediadores de la Policía Nacional es que se resuelvan los conflictos judiciales que mantiene la comunidad de propietarios contra él, y que le han obligado, en los últimos años, a retirar una terraza acristalada que sus padres montaron hace más de 40 años y que funcionó hasta 2013.

«Por las escrituras he sabido que no tenía por qué haberla quitado, y ahora quieren que tapie una puerta y una ventana que dan a la plaza posterior, también por orden judicial, cuando hay otros locales que, igual que el mío, tienen puertas y ventanas, y contra ellos, que yo sepa, no va la comunidad en los juzgados», argumentó Sánchez Pastor, quien reconoció que la noche que pasó en el calabozo «se me hizo bastante dura». «Eso sí, tengo que decir que la Policía Nacional me trató fenomenalmente bien en todo momento», aclaró. Sobre las horas que permaneció en el interior de su local, que actualmente tiene alquilado a una familia marroquí, que regenta el café-bar Lamia, admitió que estuvo «muy nervioso», y que no quería hablar con nadie, ni siquiera con su pareja sentimental, María Molina Doña, de 33 años, con la que tiene una hija, Daniela, de 3 años. «Sólo cuando se acercó un amigo mío de la infancia y me pidió que me entregara y que saliera, que lo hiciese por mi madre que estaba arriba en el piso, fue cuando me puse a llorar y decidí salir», dijo.

Sánchez Pastor negó que, tal y como aseguró a SUR uno de los vecinos de la comunidad, tenga ningún tipo de deuda con el bloque. «No debo ni un euro», apostilló. «Los abogados que he tenido se han vendido, no han sabido defenderme, y aquí se están haciendo cosas muy raras, con la connivencia del Ayuntamiento, que ya por último se ha lavado las manos diciendo que esto es una zona privada, cuando en las escrituras pone que somos copropietarios el Ayuntamiento, los locales y la comunidad», manifestó. Su mayor temor es que la comunidad «quiere que cierre el local o peor aún, quedarse con él para construir unos trasteros», matizó.

Sin respuesta de la comunidad

Con una carpeta repleta de documentos, el vecino reconoció que hasta ahora no había conseguido que los tribunales le dieran la razón. «Sólo pido que el Ayuntamiento me escuche y me ayude, no hay derecho a que vayan a por mí y que los otros locales sigan como están, con puertas que también dan a la plaza, que se supone que es privada, pero que el Ayuntamiento limpia y mantiene», agregó.

Este periódico intentó sin éxito recabar la versión de la abogada de la comunidad y del presidente. Este último declinó hacer valoraciones a SUR, asegurando que «todo lo que tenía que decir ya se lo había contado a la Policía Nacional en la Comisaría».

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