El juzgado declara ilegal el precinto del instituto decretado por el alcalde

El alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena, en marzo de 2012 cuando precintó el IES La Maroma.
El alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena, en marzo de 2012 cuando precintó el IES La Maroma. / A. P.
  • El juez de lo Contencioso número 3 considera que la decisión de Abdeslam Lucena, que costó a la Junta 347.723 euros, no fue ajustada a derecho

eugenio cabezas

El precinto del Instituto de Educación Secundaria La Maroma de Benamocarra, en las Navidades de 2011, decretado por el alcalde, Abdeslam Lucena (PP), supuso un serio contratiempo para los 204 alumnos que allí cursaban sus estudios y para sus familias, que tuvieron que trasladarlos a un centro educativo de Torre del Mar, durante dos meses, hasta que el 16 de marzo de 2012, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de la capital ordenó el levantamiento del precinto.

Ahora, casi tres años después de aquellos acontecimientos, que según calculó la Junta de Andalucía supusieron un desembolso económico para las arcas autonómicas de 347.723 euros, que se destinaron a pagar el transporte escolar y la instalación de módulos prefabricados en el otro IES, el juez ha dictado sentencia, considerando ilegal y no ajustado a derecho el precinto decretado por el regidor. El conflicto vino motivado por las diferencias de criterio entre el Ayuntamiento y la Consejería de Educación acerca de los trámites para recepcionar las obras, que licitó y supervisó el Consistorio, y la Junta de Andalucía, que pagó el 95% de los trabajos.

El centro educativo abrió sus puertas en septiembre de 2008, sin que el Ayuntamiento diera por válido el acta de recepción firmado entre la empresa constructora y el Ente Público de Infraestructuras y Servicos Educativos (ISE). A partir de ahí, el conflicto se enquistó y derivó también en un enfrentamiento personal entre el alcalde y el director del IES, que por aquel entonces era además el portavoz del PSOE en la oposición municipal, Manuel Ruiz Cazorla. La colocación de dos vallas a las puertas del centro por parte de Lucena, en las que aseguró que la Junta había «enchufado a Manuel Ruiz Cazorla» le ha costado además una condena de seis meses de prisión con inhabilitación para el derecho al sufrafio pasivo y una multa de 9.600 euros por los delitos de injurias, calumnias y desobediencia, un fallo que tras ser declarado firme por la sección primera de la Audiencia Provincial ha sido recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional por el regidor benamocarreño. A raíz de conocerse la firmeza del fallo, que lo absolvió del delito de malversación de caudales públicos por el que también fue condenado en primera instancia por el Juzgado de los Penal número 14 de la capital, Lucena renunció a sus delegaciones en el gobierno de la Diputación, que preside el popular Elías Bendodo.

Respecto a la sentencia que ha dictado ahora el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3, Óscar Pérez Corrales, éste entiende que el precinto «no respondió ni a una medida para evitar la obstaculización de la labor inspectora ni para salvaguardar la seguridad de los usuarios del centro». «No puede acordarse tomando por base meras suposiciones y sin haber constatado de manera fehaciente el déficit de seguridad», asegura el juez en su sentencia.

Por su parte, Lucena dijo ayer a SUR que el fallo ya ha sido recurrido, después de que el pasado octubre la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de la capital, Francisca Valverde Moral, dictase una sentencia en la que se desestima el recurso de la Junta de Andalucía en contra del decreto que paralizó las obras de emergencia que comenzó a ejecutar la Consejería de Educación en una de las escolleras del edificio.