Diario Sur

Los dueños de casas ilegales reanudan las protestas para exigir soluciones

Los afectados dieron lectura en el pleno a un escrito exigiendo soluciones para las casas ilegales.
Los afectados dieron lectura en el pleno a un escrito exigiendo soluciones para las casas ilegales. / Agustín Peláez
  • Más de un centenar de propietarios acuden por sorpresa al pleno de la Mancomunidad oriental para reclamar la modificación de la LOUA

Los propietarios de viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable de la Axarquía, muchos de ellos residentes extranjeros, siguen sin darse por vencidos e insisten en exigir las modificaciones legales necesarias para evitar no sólo la demolición de sus casas, sino la legalización de sus propiedades. Con este objetivo, más de un centenar de dueños acudieron ayer por sorpresa al pleno de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía para exigir a todas la fuerzas políticas que unan sus esfuerzos y propongan soluciones a este grave problema.

La presencia de los más de cien propietarios de viviendas irregulares en el salón de plenos de la institución llevó al presidente de la entidad, el popular Óscar Medina, a ceder la palabra a un portavoz de los afectados, el concejal de Urbanismo de Alcaucín y miembro de la asociación de Save our Homes in Axarquía –en español Salvemos Nuestras Casas en al Axarquía– (SOHA), Mario Blancke, que dio lectura a un escrito en el que exigieron la creación de una mesa de trabajo sobre el urbanismo y «la necesidad de una moratoria total y absoluta y una congelación de todos los procedimientos abiertos por la Junta contra las viviendas en suelo no urbanizable hasta que se encuentre una solución aceptable».

Asimismo, plantearon la derogación inmediata del artículo 185.2 A de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que establece que las casas edificadas sobre terrenos no urbanizables que han sido parcelados ilegalmente no prescriben y por tanto no hay limite de tiempo para que la administración pueda exigir el restablecimiento de la legalidad urbanística. Paralelamente, exigieron que las casas amparadas por una licencia de obras se consideren legal, aún cuando los ayuntamientos se extralimitaran en su concesión.

Los afectados expresaron asimismo su rechazo a la declaración de asimilado a fuerza de ordenación contemplada en el decreto de regularización 2/2012, al considerar que es tanto como decir: «No te tiro, pero sigues siendo ilegal, a efectos jurídicos, pero perfectamente legales a efectos fiscales, pagando IBI y otros impuestos».

Blancke invitó a todas las fuerzas políticas con representación en el pleno de la Mancomunidad oriental a unir esfuerzos, olvidándose de los interés de partido y comenzar a proponer soluciones. En este sentido, los afectados exigieron a la entidad la puesta en marcha de la mesa de trabajo sobre el urbanismo en el campo para exigir los cambios legislativos necesarios.

«La situación que vivimos nos está matando, ya no podemos más. No hablamos solamente de secuelas económicas, también de las secuelas psicológicas, en algunos casos afectando gravemente a la salud. Por todo ello hemos decidido dejar de quejarnos para pasar a quejarnos», dijo Blancke.

Finalizada la lectura del escrito, los dueños de casas ilegales abandonaron el salón de sesiones, permitiendo la celebración del pleno con absoluta normalidad.