Viera: «No me entra en la cabeza que un consejero esté para saltarse los controles»

José Antonio Viera, ayer durante su declaración ante el tribunal :: efe/
José Antonio Viera, ayer durante su declaración ante el tribunal :: efe

El titular de Empleo cuando se puso en marcha el sistema de los ERE declara que siempre creyó actuar dentro de la legalidad

SUR SEVILLA.

La vista oral del 'caso ERE' continuó ayer con la declaración de José Antonio Viera, el consejero de Empleo durante cuyo mandato, entre 2000 y 2004, se puso en marcha el sistema de las ayudas sociolaborales bajo tela de juicio. Viera, que solo aceptó contestar a las preguntas de los fiscales y su abogado, insistió en todo momento que siempre creyó actuar dentro de la legalidad. «No me entra en la cabeza que un consejero de la Junta esté para saltarse los controles», afirmó.

Viera es el segundo de los 22 ex altos cargos socialistas que se sientan en el banquillo, acusado de prevaricación y malversación por lo que se enfrenta a ocho años de cárcel, y a diferencia del exdirector general de Trabajo Javier Guerrero sí decidió responder las preguntas de la Fiscalía.

El fiscal Manuel Fernández insistió en preguntarle por el conocimiento del expresidente Manuel Chaves de cómo se concedían las ayudas. Viera se limitó a aclarar que existía una directriz general del Gobierno andaluz para resolver conflictos laborales que se estaban dando en Andalucía por el cierre o reestructuración de empresas y que afectaban a miles de trabajadores, pero afirmó que Chaves desconocía los procedimientos empleados para la concesión de las ayudas.

Viera responde que Chaves desconocía los procedimientos empleados

Viera dijo que no tenía conocimiento expreso de cada una de las ayudas concedidas desde la Dirección General de Trabajo, entonces al mando de Javier Guerrero, pero sí admitió haberse interesado por ayudas a empresas de la Sierra Norte incluso cuando había dejado ya de ser consejero.

El exconsejero explicó cómo se decidió concebir y aprobar el sistema para conceder y pagar ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. A raíz de los reparos de la Intervención para dar una ayuda a la empresa Cárnicas Molina a finales de los noventa, ordenó a su equipo buscar una fórmula «dentro de la legalidad» que permitiera dar ayudas con «agilidad y eficacia» y tras consultarlo con la Dirección General de Asuntos Europeos quedó claro que se podían conceder siempre que no fueran a empresas, para que no colisionaran con fondos europeos, sino a los trabajadores afectados.

Se elaboró un convenio entre la Consejería de Empleo y la agencia pública IFA en 2001, que él firmó como consejero entendiendo que había pasado todos los filtros y «cumplía todos los requisitos legales», por lo que a preguntas del fiscal admitió que no revisó si tenía informes de la Intervención y el Gabinete Jurídico. Desconocía que con ello cambiaba el organismo pagador de las ayudas (al pasar al IFA) y por tanto ya no pasaban el control de la Intervención de la Junta pero ha asegurado que el IFA «tenía una fiscalización continua, no una sino dos».

El exconsejero declaró que la Intervención de la Junta de Andalucía nunca se refirió a él «con un informe que indicara que había una situación de ilegalidad» en el sistema con el que el Gobierno autonómico repartía las ayudas sociolaborales investigadas.

También respondió que no recuerda que su viceconsejero Antonio Fernández le planteara una «situación de alarma» en la tesorería del IFA para afrontar pagos de ayudas comprometidas. Según Viera, no despachaba con Guerrero cada ayuda que se daba pero sí ha admitido haberle trasladado la petición de los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla ante su proyecto de crear un Matadero y haberle indicado que viera qué se podía hacer «dentro de las posibilidades de la consejería».

Admitió que se interesó, ya sin ser consejero, por otras ayudas a la comarca -que concentró medio centenar de millones de euros del fondo- porque le preguntó el alcalde de Cazalla de la Sierra. En esta ocasión la mediación fue con el sucesor de Guerrero, Juan Márquez, y la recomendación la hizo en una sede del PSOE de Sevilla.

Durante el interrogatorio, Viera reiteró que cuando él firmaba los convenios de las ayudas ya tenían «el visto bueno de todos los centros directivos» de su consejería.

Preguntado por el fiscal Anticorrupción Manuel Fernández si vio expedientes que detallaran quién solicitaba la ayuda, su cuantía o los informes para aprobarla, insistió una y otra vez -también sobre ello le ha preguntado su abogada, Candela Estévez- en que no era su competencia revisar todo eso.

Negó «rotundamente» que se fraccionaron ayudas para eludir controles: «La Consejería no estaba para eludir controles de la Intervención, es que no puedo aceptar que un consejero de la Junta de Andalucía esté organizándose para saltarse los controles para cometer algún tipo de fraude, es que no me entra en la cabeza y tengo una larga vida política en la gestión», dijo molesto.

Cuando el fiscal le ha preguntado, mostrándole documentos, si sabía que con dinero de los ERE se pagó una campaña de publicidad del SAE (Servicio Andaluz de Empleo) o unas instalaciones del 112 dijo «no lo conozco» o «no lo recuerdo».

Igualmente eximió al presidente Chaves de ese conocimiento en el caso de la ayuda a Santana que se abordó en el Consejo de Gobierno: «Conocía el problema pero tenía un total desconocimiento de los instrumentos que se estaban vehiculando para llevar a cabo una reordenación en Santana».

Antes que Viera terminó su comparecencia el ex director general de Trabajo entre los años 1999 y 2008 Francisco Javier Guerrero, quien sí ratificó la declaración de octubre de 2015 ante la jueza Núñez Bolaños. Guerrero contestó solo a las preguntas de su abogado, Fernando Pablo, al que dijo que «nunca» ha hablado del fondo de reptiles, aclarando que no podía hacerlo cuando tenía «una partida presupuestaria -22E y 31L-- con memoria y que se aprobaba anualmente con las leyes de presupuestos de la Junta de Andalucía». «Nunca salió de mi boca, se ha tergiversado para pensar que teníamos fondos reservados», dijo.

Al comienzo de la sesión de ayer, el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, trasladó la petición de disculpas del letrado de la Administración de Justicia, Rafael Castro de la Nuez, por sus protestas por tener que leer varias declaraciones de Guerrero.

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