El TSJA tumba el plan de la Junta que limita las construcciones en los primeros 500 metros decosta

Una de las zonas protegidas es Valle Niza, en Vélez-Málaga./SUR
Una de las zonas protegidas es Valle Niza, en Vélez-Málaga. / SUR

Fundamenta el fallo en que se aprobó por un gobierno en funciones, en concreto cuando la oposición tenía bloqueada la investidura de Susana Díaz en 2015

MARIA DOLORES TORTOSA y JESÚS HINOJOSAMálaga

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tumbado el Plan de Protección del Corredor del Litoral que la Junta de Andalucía aprobó en 2015 para poner límite a las nuevas construcciones en suelos todavía sin urbanizar de la franja de los primeros 500 metros de la costa, como ayer avanzó SUR.es. Fuentes de la Junta confirmaron ayer a este periódico una sentencia del alto tribunal andaluz fechada el pasado día 7 de septiembre que anula el citado plan por defecto de forma en respuesta a un recurso presentado por el Ayuntamiento de Barbate (Cádiz). El TSJA fundamenta su fallo en que el decreto que incluye el plan fue aprobado por un gobierno de la Junta en funciones, por lo que carecía de la total legitimidad para dar validez a un documento de este tipo. El gabinete jurídico autonómico analiza si recurrir el fallo judicial o aprobar de nuevo el plan suspendido.

El plan fue aprobado el 26 de mayo de 2015, cuando ya se habían celebrado elecciones (22 de marzo) y constituido el Parlamento andaluz (16 de abril), pero seguía sin formarse el nuevo gobierno por el bloqueo de la oposición a la investidura de Susana Díaz como presidenta, cuyo partido, el PSOE, carece de mayoría absoluta para ello. Por eso el Ejecutivo regional estaba todavía en funciones dos meses después de las elecciones. Díaz fue investida poco después, el 11 de junio de 2015, con el apoyo de Ciudadanos, y el nuevo gobierno se activó el 18 del mismo mes.

La capacidad de decisión de un Consejo de Gobierno es limitada estando en funciones, no pudiendo aprobar iniciativas legislativas. El Plan del Litoral fue el único decreto aprobado por el Consejo de Gobierno durante el largo periodo en funciones, a excepción de otro del 28 de marzo para facilitar la participación de los trabajadores y funcionarios en las elecciones municipales del 24 de mayo.

Con la aprobación del Plan del Corredor del Litoral, con carácter prevalente sobre planeamientos municipales y subregionales, se cerró un largo proceso iniciado en 2012 con un decreto para garantizar la preservación de los espacios no urbanizados de la franja costera y evitar el deterioro de su paisaje. Aquel decreto, que suspendía el desarrollo de terrenos no declarados urbanizables de 52 municipios hasta tanto no se elaborara el plan de planificación, fue muy contestado por numerosos ayuntamientos y diputaciones gobernados por el PP.

El plan no vería la luz hasta tres años después con un proceso de alegaciones muy tortuoso. Fueron presentadas 3.547 alegaciones. De los 62 municipios incluidos en el ámbito de influencia del plan, 48 formularon reparos sobre algún aspecto, además de las diputaciones de Málaga y Granada. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio incluyó un 35% de las propuestas en la redacción final.

Recurso o nuevo plan

¿Y ahora qué pasará? La Junta tiene un plazo de 30 días desde la notificación de la sentencia para presentar un recurso de casación. Si hay recurso el fallo no es firme hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. El Gobierno de Susana Díaz tiene previsto presentar el recurso, pero dependerá de lo que analicen y recomienden los servicios jurídicos, sobre todo por si no se vislumbra posibilidad de ganar en el Supremo. Por ello, el gabinete jurídico también analiza un plan B, el trámite y el procedimiento para subsanar ese defecto de forma por el que ha sido tumbado el plan del litoral.

La decisión es compleja. No hay antecedentes de algo parecido. La Junta quiere seguir con el plan de protección adelante y por otro está la inseguridad que generaría un recurso sin certeza de la resolución del Tribunal Supremo en una zona tan atractiva como el litoral andaluz en un momento de repunte económico y gran afluencia turística.

Valor ecológico

«El objetivo político de la Junta es darle continuidad y que siga en valor un plan que entendemos que era positivo para el territorio», apunta a este periódico el secretario general de Ordenación del Territorio, Rafael Márquez. El plan protege zonas de valor ecológico y paisajístico, pero también permite cierto desarrollo, hasta 143.000 viviendas que ya estaban programadas. Con ambos conceptos se salvaguarda el medio ambiente de espacios tan sensibles como en el que se construyó el hotel 'Algarrobico' y también se pone en valor desde el punto de vista económico las zonas protegidas. «Para nosotros era fundamental», dice Rafael Márquez.

El secretario general de Ordenación del Territorio admite que la decisión judicial supone «un contratiempo, algo que no es positivo» en la ordenación del territorio andaluz, aunque asegura que no deja en una situación de inseguridad a las zonas afectadas. «Andalucía cuenta con una planificación territorial muy amplia que cubre casi el 90% de la población, y por tanto contamos con instrumentos de ordenación eficaces», subrayó.

En el peor de los supuestos, se aplicarían los planeamientos urbanísticos municipales y los subregionales, sujetos todos al Plan de Ordenación del Territorio Andaluz (POTA). La Junta tendría que pronunciarse sobre cada propuesta de nuevo desarrollo de las zonas sin construir en el litoral.

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