El tribunal del 'caso ERE' rechaza la petición del PP para que Susana Díaz declare como testigo

La presidenta andaluza, Susana Díaz. /EFE
La presidenta andaluza, Susana Díaz. / EFE

Sí tendrán que testificar el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y dos exconsejeros, Mar Moreno y Antonio Ávila

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

Susana Díaz no tendrá que hacer el paseíllo a la Audiencia Provincial de Sevilla ni testificar en el juicio de los ERE en presencia de sus antecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán, dos de los 22 excargos de la Junta que están siendo juzgados en Sevilla. El tribunal de este juicio ha rechazado la petición del PP, acusación popular, de esta foto de Susana Díaz como testigo en la vista oral. En un auto fechado el pasado lunes día 22, el tribunal, que preside el magistrado de la sección primera de la Audiencia Juan Antonio Calle Peña, dice que «no procede admitir la testifical» de la presidenta de la Junta «al no justificarse mínimamente la relevancia que pueda tener (...) en relación con los hechos a enjuiciar en la presente causa».

En la vista oral que se reanudará el próximo 12 de febrero se juzga a los 22 excargos de la Junta por delitos de prevaricación y malversación (a 15 de ellos) por la supuesta ilegalidad en el procedimiento administrativo específico utilizado para la concesión y pago de 741 millones de euros en ayudas sociolaborales entre 2001 y 2010.

No es testigo relevante

El PP solicitó la comparecencia como testigo de Susana Díaz por haber sido consejera de Presidencia, de la que dependen los servicios jurídicos de la Junta, cuando en 2012 se modificó con un decreto el procedimiento. También porque como presidenta, desde septiembre de 2013, había hecho declaraciones en las que demostraba un «amplio conocimiento» de los hechos investigados. «El argumento esgrimido en relación a las manifestaciones públicas realizadas por ésta (Susana Díaz) sobre los hechos aquí enjuiciados no la convierte en testigo relevante de los mismos», dice el auto.

El tribunal no incluye como rechazados los testimonios de otros cargos solicitados por el PP, por lo que sí deben comparecer en el juicio el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y la exconsejera de Presidencia y ahora miembro del Consejo Consultivo de Andalucía Mar Moreno. De esta forma, el tribunal suscribe la posición de la Fiscalía anticorrupción en el juicio, que se mostró en contra de que testificara Díaz, pero no de que lo hicieran Jiménez Barrios y Moreno.

El vicepresidente comparecerá por haber sido alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz) cuando su ayuntamiento obtuvo una ayuda con cargo a la partida de los ERE investigada. Jiménez Barrios ya declaró como testigo en julio de 2016 en el juzgado 6 de Sevilla que abrió una pieza separada de esta ayuda de 24.000 euros destinada a financiar una feria de muestras.

En el caso de Mar Moreno, el PP solicita su testimonio por su conocimiento del caso, dado que era consejera de Presidencia cuando se destaparon las irregularidades en 2010. Moreno fue señalada por la instructora como investigada en 2014, pero el Tribunal Supremo (entonces era aforada como senadora) archivó las diligencias contra ella.

El tribunal admite la petición de la Fiscalía para que declare como testigo el también exconsejero de Empleo Antonio Ávila, imputado por la primera instructora Mercedes Alaya, pero luego archivada la causa contra él por su sucesor, el juez Álvaro Martín.

Admite igualmente la citación como testigo de Francisco Trujillo, el llamado 'chófer de la cocaína', que recibió de su jefe, el exdirector general de Trabajo Francisco Guerrero, casi un millón de euros en subvenciones sociolaborales para empresas fantasma y que está imputado en otra pieza judicial por ello.

Una comparecencia que genera dudas sobre lo que decidirá el tribunal sobre la polémica cuestión previa planteada por la Fiscalía para la «delimitación objetiva» del juicio. La Fiscalía pide al tribunal que se pronuncie sobre si también se juzgan a los acusados por las ayudas concedidas o solo por el procedimiento específico, ya que otra sección de la misma Audiencia, la séptima, ha dictado que no pueden ser enjuiciados dos veces por los mismos hechos y ha excluido a varios de ellos de las piezas separadas sobre las ayudas.

En caso de que el tribunal admita que también se juzga la responsabilidad de los acusados en las ayudas, los representantes del Ministerio Público avisaron en el juicio que solicitarán la incorporación de los testimonios de las más de 270 piezas separadas, de las que solo hay 104 incoadas. Por ello, en las peticiones de nuevas pruebas ya incluyeron estos testimonios por si acaso. El tribunal considera que no procede aceptar esta solicitud, «sin perjuicio de que al tiempo de resolverse esta cuestión previa se acordará, en su caso, lo procedente».

Reacciones políticas

La decisión del tribunal sobre Susana Díaz tuvo su esperado rifirrafe político. El portavoz del PSOE en el Parlamento, Mario Jiménez, dijo que el auto es una «bofetada sin manos» a la política «barriobajera» del PP. Tanto Carmen Crespo (PP) como Teresa Rodríguez (Podemos) coincidieron en señalar que «habría sido interesante lo que hubiera podido aportar» Díaz en el juicio.

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