El tribunal pide que actúe la Policía ante la «actitud desafiante» de Juana Rivas

ALFONSO TORICES MADRID.

La Audiencia Provincial de Granada considera que la única solución al 'caso Juana Rivas' es reclamar la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil para que localicen lo antes posible el lugar en el que esta mujer se esconde desde hace 16 días junto a sus hijos, de 3 y 11 años, y que se haga así cumplir la sentencia que le obliga a devolver los niños a su padre, Francesco Arcuri, de cuyo domicilio familiar en Italia se los llevó ilegalmente hace más de un año.

Los magistrados, en el auto en el que rechazan «con rotundidad» la petición de Rivas de que se paralice la ejecución de la sentencia, aconsejan a la titular del Juzgado de Familia número 3 de Granada, la responsable directa de la ejecución del fallo, que pida el auxilio policial. No ven, añaden, más salida ante «la conocida actitud desafiante» de Rivas «a los requerimientos judiciales», que el pasado 26 de julio ignoró el ultimátum de la magistrada para que devolviese los niños a Arcuri y que «retiene, no se sabe en qué condiciones, a sus hijos, evitando la entrega de los mismos».

La reclamación del tribunal se une así a la orden de detención contra Rivas que ya dictó el martes pasado el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que, en paralelo al proceso civil para la restitución de los niños al padre, tiene abiertas diligencias penales contra la vecina de Maracena por la posible comisión de los delitos de sustracción de menores y de desobediencia a las resoluciones judiciales.

«Sin demora»

La audiencia provincial ordena que se devuelvan «sin demora» los autos del caso al juzgado de familia para que pueda tomar las medidas necesarias para garantizar de «inmediato» la ejecución de la sentencia. El fallo, insisten, obliga a que los niños retornen al domicilio familiar en Italia, en la isla de Carlofonte, donde ya será un juez de ese país quien deberá decidir sobre la situación en que quedan los padres y la custodia de los pequeños.

Los magistrados firman un duro escrito de 15 folios en el que censuran a Rivas por las «maniobras procesales» sin fundamento que consideran que ha desplegado desde hace meses con el único objetivo de obstruir la ejecución del fallo. Recuerdan que la restitución de los menores sustraídos por un progenitor en otro país es un proceso internacional y tasado, que no debe durar más de seis semanas, y que, debido a sus manejos legales, este ya dura nueve meses, pese a que hace casi cuatro que declararon firme la sentencia.

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