El Tribunal Constitucional tumba las 35 horas de los funcionarios andaluces

Imagen de archivo de funcionarios públicos. /SUR
Imagen de archivo de funcionarios públicos. / SUR

Considera que vulnera las normas dictadas por el Estado

Lalia González
LALIA GONZÁLEZ

El Tribunal Constitcional acaba de hacer publica la sentencia al recurso presentado por el Gobierno central y deroga el acuerdo de la Junta de Andalucía por el que se restablece la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios andaluces.

La sentencia, con un voto particular, se basa en la falta de competencia de la administración autonómica para establecer la jornada.

Esta se restableció dentro del paquete de medida de recuperación de derechos tras la crisis, por medio de un decreto convalidado sin votos en contra en el Parlamento andaluz.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Santiago Martínez-Vares considera que el decreto ley de la Junta vulnera las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia para regular el régimen jurídico de las Administraciones públicas. Admite, como alega el Gobierno, que “es incompatible” con la ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que determina que la jornada de trabajo de los funcionarios públicos, incluidos los autonómicos, “no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en el cómputo anual”.

El TC indica que ocurre lo mismo con las horas lectivas semanales del personal docente de Andalucía, que el decreto-ley impugnado fija en 18 horas, a excepción del profesorado de educación infantil y primaria. En este caso, la regulación autonómica también es considerada incompatible con la estatal, que establece que “la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, en centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos será, como mínimo de 25 horas en educación infantil y primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas”.

Como consecuencia de todo ello, la sentencia declara que ley recurrida invade la competencia del Estado para establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y para regular las condiciones de obtención de títulos académicos.

El TC estima también, dado el fallo, que no precisa pronunciarse sobre la eventual vulneración, que asimismo alegaba el Gobierno central, del artículo 86 de la Constitución y del art. 110 del Estatuto de Autonomía andaluz, que establecen los límites de la aprobación de normas por decreto ley.

La sentencia cuenta con el voto particular del magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, quien ya con anterioridad había expresado que el Tribunal debía haber declarado inconstitucionales la disposición adicional septuagésimo primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y el art. 3 del Real Decreto-ley 14/2012, que el Tribunal entiende vulnerados por la norma foral recurrida. Ambos establecen la duración semanal de la jornada laboral de los funcionarios de las Administraciones públicas en 37 horas y media y, en 18, la del personal docente de las escuelas públicas y concertadas.

De momento, el fallo del Constitucional deja en la incertidumbre los empleos creados para cubrir la nueva jornada, rebajada de las 37,5 a que se subió a consecuencia de la crisis.

Valoración de la Junta

Pese al fallo del TC, la Junta ha anunciado una fórmula salomónica para cumplir la sentencia y a la vez mantener la jornada: se computará como tiempo de trabajo el que se dedique fuera del puesto a actividades diversas, entre las que la consejera de Hacienda citó la organización de jornadas, descarga de vídeos, preparación de bibliografía y otras tareas como, dijo, ahora sucede en el ámbito universitario. De este modo se computarán las 2,5 horas semanales necesarias sin cambiar los horarios actualmente establecidos. El plan se está negociando con los sindicatos y se llevará el martes al Consejo de Gobierno.

La consejera aseguró que la sentencia del TC no va a eliminar los siete mil contratos que se han producido desde su implantación y dijo que hay “absoluta tranquilidad” al respecto.

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