Tres bomberos, a juicio por salvar a otros Aylan en Lesbos

El presidente de Proem-Aid, Onio Reina, junto a los tres bomberos que serán juzgados, Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio de la Torre. /MARÍA AGUILAR
El presidente de Proem-Aid, Onio Reina, junto a los tres bomberos que serán juzgados, Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio de la Torre. / MARÍA AGUILAR

Se enfrentan a diez años de cárcel y las instituciones andaluzas se vuelcan en su apoyo para que sean absueltos tras la vista oral señalada para el día 7 de mayo

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

La imagen de Aylan Kurdi, el niño sirio de tres años ahogado en Bodrum (Turquía) junto a su madre y hermanos cuando intentaban cruzar a Grecia, marcó un antes y un después en la crisis de los refugiados y su auxilio. La instantánea de la fotógrafa turca Niliufer Demir del pequeño Aylan muerto en la playa una mañana de septiembre de 2015 dio la vuelta al mundo y produjo una ola de conmoción y compasión por los refugiados sirios.

Numerosas ONG de todas partes salieron en auxilio de los refugiados.La isla de Lesbos se convirtió en el punto más dramático por su cercanía a las costas de Turquía y hasta allí viajaron a finales de ese año un grupo de bomberos andaluces de Proem-Aid (siglas en inglés de ‘profesionales de emergencias y auxilio’). Hoy tres de aquellos voluntarios se enfrentan a una posible condena de diez años de cárcel al haber sido acusados de un delito de tentativa de tráfico ilegal de personas, cuando en lo que colaboraban era en salvar a otros cientos de Aylan en la crisis de refugiados que colapsó Grecia en 2015 y 2016. El juicio se celebra el próximo día 7 de mayo y desde que supieron la fecha, el pasado febrero, buscan el respaldo de las instituciones andaluzas y españolas para que influya de forma positiva en la defensa.

Quique Rodríguez, uno de los tres acusados, recuerda que cuando llegaron una mañana de la primera semana de enero de 2016 a Lesbos «a los diez minutos estábamos metidos en el agua con nuestro traje de neopreno». No había tiempo que perder porque eran miles las personas que se echaban al agua en la costa turca en precarias embarcaciones o con simples flotadores naranjas. «Aquello era un drama y nos chocó de verdad», expresa el joven bombero.

Junto a José Enrique Rodríguez, su otros dos compañeros, Julio de la Torre y el sargento de bomberos de Sevilla Manuel Blanco, evocan con orgullo haber colaborado en aquella labor humanitaria, pero con la espina de no haberlo podido hacer todas las veces que sus vacaciones le hubieran permitido y ellos hubieran deseado. Una semana después de llegar fueron arrestados por una patrulla de la vigilancia helena. Su caso también dio la vuelta al mundo, al menos en España. «Vamos allí a echar un cable, dedicas tus vacaciones a rescatar gente y te pasa esto», dijeron tras aterrizar en Sevilla días después tras salir de los calabozos bajo fianza de 15.000 euros.

La Junta hará llegar al tribunal griego que son «personas buenas y de orden»

Ninguno de sus compañeros y compañeras de Proem-Aid tuvieron dificultad alguna antes y después de aquella noche del 14 de enero en que fueron detenidos. De hecho Proem-Aid estuvo colaborando en las tareas de auxilio en la crisis de los refugiados en Grecia hasta agosto de 2017, aunque los tres bomberos procesados no pudieron volver. «Nunca hubo problemas, nosotros entregábamos nuestra documentación a las autoridades, hacíamos constar que somos profesionales de emergencias y nos poníamos a su disposición. Incluso era la propia guardia costera la que en ocasiones nos reclamaba para que les ayudáramos», explica José Antonio Reina, Onio, presidente de Proem-Aid y que también fue voluntario en la isla griega.

Los hechos que acompañaron a la extraña detención son conocidos, aunque ellos ahora prefieren no hacer demasiados comentarios a la espera del juicio. Una noche les llamaron de una ONG danesa (Team Humanity) para que les ayudara en un rescate en el mar. La embarcación de la ONG española estaba averiada, así que los tres bomberos (se turnaban las guardias de tres en tres) optaron por ir con los daneses. Aquella era la primera vez que subían a una lancha que no era la suya. Resultó ser una falsa alarma y cuando regresaban a puerto fueron interceptados por los guardacostas griegos, detenidos y acusados de facilitar el tráfico ilegal de inmigrantes. Hay dos voluntarios daneses también procesados.

En los primeros momentos pensaron que se trataba de «un error» y creyeron que pronto se solucionaría. «Dos días antes las propias autoridades griegas nos habían llamado para que les ayudáramos por una embarcación que se hundía», cuenta Manuel Blanco. No fue un error, la denuncia siguió para adelante e incluso se le acusaba de posesión de armas por llevar un cortacabos, aunque luego esto fue archivado.

«El hecho de que una acusación tan vaguísima haya seguido adelante nos preocupa y asusta», admite Julio de la Torre. «Estábamos en el sitio equivocado», le llegaron a decir algunas fuentes. No es un caso aislado, hay otra veintena de miembros de ONG en las mismas circunstancias, como Elena Maleno, también acusada en Marruecos de ayudar a la inmigración ilegal por alertar de pateras en el Estrecho para evitar que sus pasajeros se ahoguen; o los socorristas catalanes de Proactiva Open Arms arrestados en Italia por el auxilio a los inmigrantes que salen de las costas de Libia.

Respaldo de las instituciones

Casos por los que ONG e instituciones están presionando a las autoridades europeas para que no se criminalice el auxilio a personas por ánimo humanitario. El juicio de los bomberos sevillanos, cuya historia ellos mismos han elevado al Parlamento europeo y al comisario de Inmigración, puede ser clave para que la UE tome alguna decisión al respecto .

Por lo pronto, los bomberos sevillanos han recibido el apoyo institucional de la unanimidad del Parlamento andaluz, del Defensor, Jesús Maeztu, y de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que se comprometió a mediar con el Ministerio de Asuntos Exteriores para que diera apoyo a los voluntarios en los días del juicio. El objetivo es hacer llegar a la vista oral un respaldo institucional de España de que son «personas buenas, de ley y orden» que fueron a Lesbos para «salvar vidas», manifestó la consejera de Justicia e Interior de la Junta, Rosa Aguilar.

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