El titular de Hacienda no se moja sobre quitar sucesiones

El ministro recordó que la Junta estuvo de acuerdo en asumir el impuesto cuando se decidió transferirlo

Lalia González
LALIA GONZÁLEZ

Cristóbal Montoro eludió pronunciarse a la pregunta sobre por qué el Gobierno del PP no elimina el impuesto de sucesiones y donaciones, como reclama en Andalucía, y se centró en replicar a la jugada política de la Junta de Andalucía que pidió que el Gobierno central rescatara el impuesto y le compensara de forma equivalente. El ministro recordó que la Junta estuvo de acuerdo en asumir el impuesto cuando, siendo él también ministro de Hacienda, se decidió transferirlo .«¿Tanto han cambiado las cosas y ahora no se ve bien?», ironizó. «O asumimos la corresponsabilidad fiscal y sus costes inherentes o no funcionamos», dijo, e instó a la Junta a «hacer los deberes en su propio ámbito».

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La presidenta de la Junta, por su parte, reconoció que «ha habido una evidente y continúa deslegitimación del impuesto, pero tendremos que afrontarlo» y reclamó «rigor», para «saber primero qué tenemos, con cuánto contamos y en función de eso podremos tomar otro tipo de decisiones que no pongan en peligro jamás el mantenimiento de los servicios públicos de calidad».

A su vez la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, se preguntó por qué Montoro no cuestionó este impuesto en la última propuesta que hizo de reforma fiscal y acusó al PPde utilizarlo como «arma política». «Si lo querían quitar, sólo tenían que haberlo regulado y compensar a las comunidades autónomas», dijo. «Si el Partido Popular lo tiene claro ¿por qué no hacen una armonización fiscal?».

Informe al Consejo

La consejera de Hacienda presentó ayer al Consejo de Gobierno un prolijo informe sobre la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y aseguró que a pesar de que la Junta va a defender «con uñas y dientes que no se atropelle a Andalucía», cumplirá con el objetivo de déficit impuesto pese a su discrepancia con éste y con el techo de gasto. «Mantendremos -dijo- una actitud de «rebeldía democrática» frente al déficit pero nunca será una rebeldía «legal». «Pondremos toda la artillería democrática para exigir que se reprograme el déficit pero cumpliremos la ley», aseguró.

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