Susana Díaz no adelantará las elecciones en Andalucía pase lo que pase en Cataluña

Susana Díaz y Juanma Moreno, ayer durante un momento del debate entre ambos./Efe
Susana Díaz y Juanma Moreno, ayer durante un momento del debate entre ambos. / Efe

La presidenta reitera esta cuestión tras las acusaciones de Juanma Moreno de inestabilidad y de legislatura «secuestrada»

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

El runrún de las elecciones catalanas de hoy y la incertidumbre sobre qué pasará acaparó ayer la última sesión del Parlamento andaluz del año dentro y fuera del salón de Plenos. Cuando los diputados vuelvan a sus escaños en febrero ya se sabrá si habrá gobierno, de qué color, si secesionista o no, o si deberán repetirse las elecciones. Nada de esto se sabía ayer y aún hoy hasta la noche, pero Susana Díaz dejó claro en la sesión de control que no adelantará las elecciones autonómicas andaluzas y que estas se celebrarán cuando tocan, en febrero o marzo de 2019, pase lo que pase en Cataluña.

No lo expresó así, pero dado lo mucho que abundaron las especulaciones de corrillo sobre un adelanto de las generales si hay nuevos comicios catalanes y que en este caso también podrían coincidir las andaluzas, su respuesta tajante a Juanma Moreno parecía querer dar por zanjada cualquier duda al respecto. El líder del PP arrancó el debate a modo de balance del ejercicio, recordando a Díaz que perdió las primarias socialistas, lo que tradujo en que esta ha sido «la legislatura más corta» por los dos años de la presidenta andaluza con la atención en la política nacional. Moreno la calificó de «legislatura secuestrada» y reiteró sus críticas a la presidenta de «baja gestión y ninguna ambición para solucionar los problemas de Andalucía». «Eso no es estabilidad, todavía está esperando subirse al tren», espetó.

C’s presiona con la reforma de la Ley Electoral, que Díaz supedita a la unanimidad de la Cámara

Susana Díaz supeditó ayer a la unanimidad del Parlamento andaluz para la reforma de la Ley Electoral que exige Ciudadanos en cumplimiento del acuerdo de investidura de la presidenta de la Junta. El portavoz naranja volvió a presionar ayer a Díaz sobre la reforma de una ley que, según su teoría, penaliza a partidos minoritarios en territorios como el de Jaén.

«No voy a hablarle de Cataluña, pero en esta comunidad hay una ley electoral hecha a medida de los independentistas, que hace que en Lleida un diputado cueste 2,4 veces más que en Barcelona. Eso es un fraude a la democracia y no me gustaría que esto pasara en Andalucía», aseveró Juan Marín.

El portavoz de C’s anunció que si después de la prórroga pedida por el presidente del Parlamento no hay una propuesta para la reforma de la ley, su partido presentará un proyecto de ley antes de marzo «para que el voto valga igual en todas las provincias». Este mes se considera tope para que la ley pueda entrar en vigor un año después en las elecciones autonómicas.

«Aspiro y trabajaré por una reforma de la Ley Electora esta legislatura, pero quiero que sea de consenso, con la unanimidad de todas las fuerzas políticas», aseveró Susana Díaz. Una respuesta que lanza la pelota al tejado de la oposición, formada por cuatro partidos con grandes diferencias ideológicas. «Soy partidaria de desbloquear las listas electorales y de la doble vuelta, pero desde el consenso y la unanimidad», reiteró. Puso como mal ejemplo la reforma que Dolores de Cospedal hizo en Castilla la Mancha de forma unilateral.

Díaz defendió la actual ley que, recordó, ha permitido que en el Parlamento haya cinco fuerzas políticas. La presidenta mencionó también a Cataluña para hacer constar que con dos millones de personas menos que Andalucía cuenta en su Parlamento con 135 diputados frente a los 109 de Andalucía. «Los ciudadanos nos agradecerían que hubiera consenso», reiteró.

«No voy a adelantar las elecciones», respondió seca la presidenta desde su escaño al líder del PP. Luego también ironizó cuando Moreno le hizo ver lo sola que está en su partido. «No lo puedo entender, es la única de su partido que se ha inhibido de ir a la campaña de las catalanas». «Según las encuestas, mañana (por hoy) se va a notar mucho su presencia en Cataluña», respondió Díaz en alusión al batacazo que los sondeos auguran al PP en Cataluña.

Luego Moreno intentó llevar al barro a la presidenta acusándola de esconder la bandera de España en su despacho del PSOE cuando recibió a Iceta el pasado año y atribuyéndole espionaje sobre su vida y la de sus hijos: «Ha tenido mis liquidaciones tributarias en su mesa», afirmó Moreno. Susana Díaz eludió entrar al trapo y se limitó a responderle: «Solo es capaz de hacerlo, quien es capaz de verbalizarlo».

El rifirrafe entre Moreno y Díaz no tuvo más que cuatro o cinco intercambio de sablazos como los mencionados. El debate en conjunto de la sesión de control fue blando como el algodón e incluso surrealista, como cuando la presidenta reprochó a Teresa Rodríguez no saber expresarse con concreción y le repitió lo que quería decir como ella piensa que debería haberlo dicho la portavoz de Podemos. «Tómese en serio la sesión de control, soy incapaz de estar a la altura del batiburrillo que me ha traído hoy». El debate era sobre el nivel de salud de los andaluces en comparación a otros territorios españoles y europeos y a dónde ha ido a parar el plan andaluz al respecto aprobado en 2013.

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Ambas se enzarzaron en una guerra de cifras sobre la esperanza de vida en Andalucía, que según Teresa Rodríguez es un año menos que otros territorios europeos y según Susana Díaz en España es de 0,72 años más que la media de Europa.

Rodríguez también reclamó reformar el reglamento para que enero no quede como mes inhábil cuando los diputados siguen cobrando sueldo y dietas como si hubiera actividad. «Si quiere trabajar en enero, trabaje, nadie se lo impide, yo trabajaré en enero», respondió la presidenta.

El debate con Antonio Maíllo versó sobre las cláusulas sociales en las contrataciones de la Junta. El dirigente de IU, como después la de Podemos, quiso poner en evidencia que los «anuncios rimbombantes» de la presidenta luego quedan en «chapuza» como las 35 horas y en «prácticas que dejan mucho que desear». «Hay precariedad en el servicio público», amonestó Maíllo a la presidenta. Esta defendió la aplicación del protocolo aprobado y dijo que el 70% de los recursos contratados se hacen de acuerdo con las cláusulas sociales. El resto, añadió, son contratos vigentes cuando se aprobó la norma y aún no han sido renovados.

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