Susana Díaz acusa a Rajoy de «reírse» de las comunidades por retrasar la nueva financiación

Susana Díaz, saludando ayer a varias mujeres en el pueblo sevillano de Albaida. /EFE
Susana Díaz, saludando ayer a varias mujeres en el pueblo sevillano de Albaida. / EFE

Los socialistas andaluces se unen a la rebelión de autonomías del PSOE contra la 'trampa' de Montoro de condicionar el futuro modelo a la aprobación de los PGE y un gobierno en Cataluña

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

Susana Díaz sitúa el nuevo modelo de financiación autonómica como el principal objetivo político del año que arranca. En su primera aparición pública del año tras varios días retirada con la familia, la presidenta de la Junta recordó que el próximo día 17 se cumple un año del compromiso de Mariano Rajoy para dotar a las comunidades autónomas de un nuevo sistema de financiación. Díaz no solo recordó el incumplimiento del presidente de su promesa, ya que aún no ha presentado una propuesta oficial aunque sí ha habido conversaciones técnicas con las autonomías, sino que también arremetió contra las explicaciones del Gobierno para justificar el retraso. En concreto, Díaz acusó a Rajoy y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de «reírse» de las comunidades autónomas al poner como condición para la negociación política la constitución del nuevo gobierno de Cataluña.

«No puede ser que hace un año se dijera que en un año tendríamos el nuevo modelo y que ahora Montoro se ría y diga que no habrá modelo de financiación hasta que haya gobierno en Cataluña, esto no es serio», manifestó la presidenta tras la inauguración de un centro de salud en la localidad sevillana de Albaida de Aljarafe.

El Gobierno andaluz y el PSOE en esta comunidad consideran que Rajoy enfría las expectativas sobre el futuro modelo de financiación para presionar a los socialistas sobre el Presupuesto General del Estado, aún sin aprobar. El PP necesitaría de nuevo contar con el apoyo del PNV y de Ciudadanos, pero intenta prescindir del respaldo de los nacionalistas y presionar al PSOE para evitar un desgaste mayor del que le produjo la solución al cupo vasco, que tal mal sentó incluso en comunidades gobernadas por su los populares.

El PSOE andaluz interpreta como una presión en este sentido la carta de Montoro esta pasada semana avisando a las comunidades autónomas de la congelación de los incrementos por ingresos fiscales hasta que no sea aprobado el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018. Esta advertencia no afecta en realidad por ahora a Andalucía, cuyo Presupuesto ya está en vigor, pero sí a las comunidades presididas por socialistas que negocian las cuentas de 2018 con diputados de Podemos y que ahora se ven con menos dinero para cuadrar el gasto.

«En vez de querer chantajearnos a las comunidades autónomas con los Presupuestos Generales del Estado, lo que tenía que hacer el Gobierno central es su trabajo, igual que los demás hemos hecho el nuestro», afirmó la presidenta de la Junta. Su número dos en el PSOE andaluz, Juan Cornejo, fue más duro y habló de «chantaje y extorsión». «En vez de enviar misivas de chantaje y extorsión, que ponga un nuevo modelo sobre la mesa», aseveró.

La ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno, Fátima Báñez, no se dio por aludida y en una intervención en la sede regional del PP dejó por sentado que su Gobierno abordará un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas este año en paralelo al de la financiación de los ayuntamientos. En este sentido, pidió a las comunidades «sin excepción», y a los grupos parlamentarios que estén «a la altura» en la negociación, sobre la que no dio ningún detalle más.

Tanto Podemos como Izquierda Unida reclamaron a Susana Díaz un acuerdo previo de los grupos políticos sobre el modelo de financiación para defender entre todos los intereses de Andalucía. Podemos Andalucía propone, según Efe, una reforma fiscal progresiva nacional y por derogar lo que ha denominado como las «leyes Montoro» para poder acordar un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los servicios públicos básicos.

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