Susana Díaz abandera desde hoy una propuesta de financiación inspirada en Podemos y apoyada por PP

Susana Díaz y Jiménez Barrios con la consejera Montero/EFE
Susana Díaz y Jiménez Barrios con la consejera Montero / EFE

El documento, al que solo se opone Cs, reprocha la asimetría en ingresos por habitante a favor de País Vasco y Navarra con las comunidades de régimen común

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

El Parlamento someterá esta tarde a votación el dictamen de propuesta de Andalucía para la financiación autonómica de las comunidades pactado en principio por PSOE, Podemos e Izquierda Unida y al que también se sumó el Partido Popular. Salvo sorpresa de última hora, los cuatro partidos, que suman 100 de los 109 diputados de la Cámara, darán el visto bueno a un documento que, basado en los principios de equidad, suficiencia financiera y lealtad institucional, reclama al menos 4.000 millones de euros anuales más para Andalucía. PP e IU plantean votos particulares sobre este aspecto y otros del texto por no estar del todo conformes. Cs, salvo que cambie de opinión, se queda fuera del consenso.

A partir de hoy cuando se apruebe, la presidenta, Susana Díaz, según se comprometió el pasado septiembre, abanderará este texto en las negociaciones que la Junta mantenga con el Gobierno y otras autonomías para un nuevo modelo estatal de reparto del dinero para las comunidades, –destinado principalmente a sanidad, educación y políticas sociales– y para los ayuntamientos.

El portavoz del Gobierno, Juan Carlos Blanco, confirmó ayer tras el Consejo de Gobierno y a preguntas de los periodistas que será así, aunque también matizó que aún le falta algún «recorrido». La presidenta asumirá como suyo un texto fruto primero de las aportaciones de 40 expertos consultados en el grupo de trabajo creado el pasado otoño, pero sobre todo de las conclusiones que de la ronda de intervenciones sacó Podemos. El texto, generalista en su conjunto, incluye la gran mayoría de las propuestas del partido morado, gracias a la negociación de la diputada Carmen Lizárraga y la consejera de Hacienda, María Jesús Montero. Lizárraga, doctora en Ciencias Económicas y profesora de la Universidad de Granada, fue felicitada por Susana Díaz en el último Pleno, lo que supuso una raya en el agua en las relaciones tirantes de socialistas y podemitas en Andalucía.

Cs, en contra

Ciudadanos es el único partido del Parlamento andaluz que se ha quedado al margen del consenso. Pese a la alianza con el PSOE durante toda la legislatura, el partido de Albert Rivera ha rechazado un documento que tilda de «anticapitalista» y del que dice que aboga por la subida de impuestos, aunque en el texto no se hace referencia a nuevas cargas fiscales. Sí se reclama que las comunidades pasen de asumir el 50% de la recaudación del IVA al 70% para tener mayor autonomía financiera. También se aboga por la armonización fiscal de los tributos cedidos a las comunidades y evitar así el ‘dumping’ o competencia entre territorios para captar inversiones y empresas, como ha ocurrido con el polémico impuesto de sucesiones y donaciones.

El portavoz de Cs, Juan Marín, también exigió que se aludiera a la supresión del «cuponazo» vasco, en alusión a la peculiaridad de las comunidades con derechos forales recogidos en la Constitución: País Vasco y Navarra recaudan todos los impuestos y pagan al Estado un cupo anual por los servicios públicos que este presta en dichos territorios.

El documento andaluz manifiesta su respeto al régimen foral de País Vasco y Navarra por estar recogido en la Constitución, pero al defender la equidad como pilar fundamental del futuro modelo de financiación para que todos los ciudadanos españoles puedan recibir las mismas prestaciones vivan donde viva, sí hace una sugerencia: Reclama «transparencia» a las aportaciones del País Vasco y Navarra (los cupos) y reconoce una «notable asimetría» en la financiación por habitante a favor de las comunidades forales respecto a las de régimen común.

Ordinalidad

La propuesta que más ha distanciado a Cs del resto de grupos, incluido el PP, es la defensa que hace para que las comunidades con más recaudación de impuestos por su actividad económica puedan gastar más una vez hayan cumplido con la solidaridad con el resto. Los firmantes del documento acusan a Cs de defender el principio de ordinalidad, que hace varios años propuso el PSOE de Pedro Sánchez a instancias del PSC, pero del que reniegan los socialistas andaluces porque favorece a las regiones ricas.

Susana Díaz intentará hasta última hora que Cs se sume al documento que apruebe el Parlamento, un texto con un propósito de gran simbolismo, el de que Andalucía lleve «una voz única» y «con fortaleza» al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si no lo consigue, la unanimidad no será total como pretendía la presidenta cuando en septiembre pasado convocó a todos los líderes a San Telmo para consensuar una posición. Si bien Cs solo cuenta con 8 escaños en la Cámara, algo que subrayó el portavoz, Juan Carlos Blanco, para poner en valor el gran respaldo. El portavoz enfatizó que es «mérito compartido por todos», sin protagonistas.

Todos los partidos coinciden en que Andalucía está mal financiada por un sistema que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero, pero que ha desarrollado Mariano Rajoy. El modelo se agotó en 2014 y desde entonces las comunidades perdedoras en el reparto, entre ellas Andalucía, (unos 800 millones anuales), reclaman un nuevo sistema. El Gobierno condiciona la negociación a la vuelta a la normalidad de Cataluña. Es decir, en cuanto haya nuevo Gobierno en la Generalitat, convocará a las comunidades.

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