La preocupación empresarial por el 'procés' se intensifica en Andalucía

González de Lara y Moreno muestran la declaración conjunta. / CEA

La CEA y el PP-A suscriben una declaración conjunta en defensa del Estado de Derecho y por abrir el diálogo tras el 1-O

Lalia González
LALIA GONZÁLEZ

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha decidido encabezar la firmeza empresarial contra el independentismo. Frente a la censurada tibieza del presidente de la Confederación Estatal de Organizaciones Empresariales (CEOE), Joan Rossell, y en medio de una creciente preocupación de pequeñas y grandes compañías de todo el país, el líder patronal andaluz ha puesto en marcha una iniciativa para hacer oír la voz de la 'mayoría silenciosa' en defensa del Estado de Derecho y en apoyo del Gobierno de la nación frente a la crisis abierta por las fuerzas independentistas catalanas.

La primera parada se produjo ayer martes, cuando González de Lara se reunió ayer en su despacho de la sede empresarial en la Isla de la Cartuja, con el presidente del PP-A, Juanma Moreno, como representante en la comunidad del partido del Gobierno.

Asimismo, la patronal andaluza prevé aprobar este jueves una declaración de su comité directivo. La CEA no hace cálculos acerca del perjuicio que para la economía andaluza puede suponer el independentismo, ni acerca de la posibilidad de atraer firmas que salgan de Cataluña, como ya ha sucedido, sino que se siente impelida a actuar como «parte destacada de la sociedad civil», en palabras de su presidente.

Defienden «una respuesta contundente de la sociedad civil» ante la grave incidencia política, económica y social

Al término de la reunión, González de Lara y Moreno distribuyeron una declaración conjunta de cinto puntos, en la que muestran su «firme compromiso con la Constitución, con la unidad de España y el íntegro respeto al orden democrático».

Las dos organizaciones defienden «una respuesta contundente del conjunto de la sociedad civil, que no puede mantenerse al margen, ante la gravedad y la incidencia política, económica y social de actuaciones que pretenden quebrar nuestro ordenamiento democrático».

Proclaman en tercer lugar «la necesidad de mantener y respetar el Estado de Derecho, ejerciendo todas las acciones oportunas para que se mantenga el imperio de la Ley».

Además de mostrar su «apoyo unánime y sin fisuras» al Gobierno de España, así como a «las distintas instancias Judiciales y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para que garanticen el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente en Cataluña», CEA y PP-A mirán al día siguiente al proscrito referéndum del 1 de octubre.

Las dos organizaciones afirman que « una vez superado este desafío a la convivencia de todos y restablecida la legalidad vigente, es necesario abrir las vías de diálogo oportunas para que, con la participación de todos los españoles y de sus organizaciones políticas, sociales y empresariales representativas, se aborden las soluciones oportunas para recuperar la normalidad democrática». La declaración está abierta a la firma de otras formaciones.

La reunión, dijeron fuentes del PP-A, es también devolución de la ronda de conversaciones que el presidente de este partido realizó en junio con los agentes sociales. La cita continuó con los equipos de ambos presidentes para tratar temas de empleo, política fiscal y económica o proyectos de legislatura.

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