La CEA pide un plan para atraer grandes proyectos generadores de empleo

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, conversa con Javier González de Lara, presidente de la CEA. /Sur
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, conversa con Javier González de Lara, presidente de la CEA. / Sur

González de Lara emplaza a la Adminstración a modernizarse y no obstaculizar el crecimiento

Lalia González
LALIA GONZÁLEZ

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha pedido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el marco de la nueva concertación social, que adopte un plan de dinamización de proyectos empresariales con potencial para crear puestos de trabajo, a la vez que carga contra la falta de agilidad de la Administración autonómica.

La patronal quiere que la comunidad sea capaz de poner en práctica una estrategia de acción para agilizar los trámites de proyectos empresariales «singulares e intensivos en generación de empleo» y el presidente de la CEA declara que «Andalucía está siendo ahora mismo muy atractiva para la inversión, pero el problema es la lentitud de la Administración».

González de Lara explicó su queja a la presidenta en la reanudación de la concertación social, el pasado martes. «La Administración no se moderniza. Nosotros no hacemos más que esfuerzos, desde el punto de vista social, empresarial, de retos de futuro, nuevos escenarios, digitalización innovación, internacionalización, asumiendo todos los retos. La Administración, mientras, está parada, paralizada». La presidenta, dijo González de Lara, admitió la crítica y dijo que es preciso adoptar medidas.

Las quejas del empresariado no se limitan al escalón autonómico, sino que se extienden a la Adminsitración local, que «politiza cualquier proyecto», y a la central, en especial al área de Costas. González de Lara admite que esta desburocratización no es fácil, «pero hay que intentarlo». Se trata de aprovechar la oportunidad: «Hoy por hoy el empresariado está muy concienciado de invertir, en tirar para adelante, pero nos falta una Administración más eficiente». Analiza que «ahora mismo el gran problema de este país no es de desconfianza, de si Podemos presenta una moción de censura. Hay sensación de de estabilidad, el problema es el sector público, su ineficiencia, su incapacidad manifiesta de agilizar trámites».

Situaciones dantescas

El presidente de la CEA habla de «casos donde se dan situaciones dantescas». Buena parte del cuadro reside en el alto número de trámites, otro en la propia dinámica interna, derivada de la psicosis de imputación judicial.

«Da igual que sea un trámite de procedimiento administrativo, un informe sectorial medioambiental vaya por la vía abrevada o reducida, año y medio, o cuatro años que es la vía normal. Las dos son igual de legales, pero se deja a criterio del técnico, que para no pillarse los dedos opta por los cuatro años». Proyectos entre los que cita un centro comercial, un hotel, un complejo turístico, se ven atrapados en una maraña de trámites, «informes sectoriales que se solapan, que nos llevan hasta el paroxismo».

Discreto a la hora de especificar, sí cita como ejemplo, una empresa cárnica, «que conozco bien», que desea abrir nuevas explotaciones, «para crear cientos de puestos de trabajo y no pueden. Tienen que irse a comprar cerdos de capa blanca a Cataluña, sacrificarlos en Andalucía y exportarlos a China. Porque no les permiten abrir más granjas». Sin embargo, los problemas –residuos, metano– tienen mecanismos correctores.

«Según esa teoría no podríamos tener capacidad industrial. Todo son trabas, la gente se aburre».

Otro caso, también sin detalles: Un proyecto en la Costa del Sol. Desde que el inversor empezó con su equipo, desde Londres, a ponerlo en marcha ha tenido que realizar 103 trámites administrativos –«informes sectoriales, medioambientales de costas, de navegacion aérea, urbanísticos, PGOU...»– y apunta: «La gente de fuera se queda alucinando, qué le pasa a este país, cómo invierte aquí la gente». González de Lara apostilla que «por supuesto que quiero seguridad jurídica y rechazo el salvajismo, pero es preciso un equilibrio».

El Plan industrial llega a las grandes empresas

La ampliación de los incentivos industriales a las grandes empresas, recientemente presentado por el ya exconsejero José Sánchez Maldonado, ha dado respuesta a una petición de la CEA. Javier González de Lara explica que «aquí hay una dicotomía entre el discurso que todos queremos, que nos han comprado, de que el reto es la dimensión, pero luego nos castigan por coger tamaño». Es decir, no pudiendo acceder a ayudas, y agrega que ni la facturación ni la forma jurídica, por ejemplo por no ser cooperativa, se puede discriminar. La gran empresa, intensiva en creación de empleo, tiene mucha dificultad para acceder a las ayudas y ello revienta las posibilidades de crecer, al negar incentivos a empresas medianas, e incluso dar en competencia desleal, al sí otorgarse estas ayudas a otros.

«Empresas privadas solventes que intentan abrir mercados necesitan estímulos», apunta González de Lara, que, en fin, celebra que «poco a poco se está consiguiendo, pero ha costado mucho».

Las medidas que cíclicamente se pactan no son suficientes y González de Lara sigue con su ‘mantra’ de menos burocratización, que apunta directamente al corazón del servicio público: «La Administración no está preparada para los nuevos retos». En la Mesa de Concertación, González de Lara puso como ejemplo que en poco tiempo ya todos los trámites serán telemáticos. Mientras Hacienda y la Tesorería de la Seguridad Social, los organismos recaudatorios, han apostado por fuertes equipos informáticos, en otras áreas, salud, educación, justicia, la situación es bien distinta. «El sector privado, las familias, la clase media, pymes, autónomos, han hecho un gran esfuerzo estos años y no puede ser que el sector público esté de estreno».

Por eso, concluye que «el diálogo social no puede ser siempre pedirnos más sacrifico a nosotros» y dice con sorna que no hay que sacar más decretos: «Lo que quiero es que me deroguen cosas».

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