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Fernando Villén, en el Parlamento en 2016.
El PP pide que el Parlamento investigue el uso de una tarjeta de la Junta en un prostíbulo

El PP pide que el Parlamento investigue el uso de una tarjeta de la Junta en un prostíbulo

Quiere saber los nombres de los hombres que fueron al club de alterne y se gastaron 14.737 euros en una noche, aunque luego los devolvieran

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Jueves, 12 de julio 2018, 00:08

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El PP registró ayer en el Parlamento una petición para una comisión de investigación sobre el uso de una tarjeta de la Junta en un club de alterne de Sevilla y otras irregularidades de la extinta Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe).

En la madrugada del 22 al 23 de marzo de 2010 un directivo de la Faffe, Fernando Villén, llegó supuestamente a cargar 15 pagos sucesivos por valor de 14.737 euros en la tarjeta de la Junta en el club 'Don Angelo', un conocido prostíbulo de lujo de la capital andaluza. Dos días después, el exdirectivo mencionado u otra persona volvió al club y abonó la cantidad anulando el cargo en la tarjeta, por lo que este nunca computó como gasto en la contabilidad de la Faffe. Aún así, el cargo quedó registrado en los movimientos de la tarjeta. Esta huella bancaria ha irrumpido en tromba en la convulsa política andaluza ocho años después, cuando suenan tambores de adelanto electoral de las autonómicas a otoño.

El morbo de la historia es aún mayor cuando este pasado lunes el PP anotó que la fecha del 22 de marzo de 2010 fue la de una de las crisis de gobierno del mandato en la Junta de José Antonio Griñán, en concreto la que supuso el cese de Antonio Fernández como consejero de Empleo. Fernández, que ahora se enfrenta en el juicio de la pieza política del 'caso ERE' a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación, era el jefe político de Villén y cercano a este.

Villén, en una entrevista a 'Abc' el pasado mayo, dijo que fue al club a una despedida de soltero y que se equivocó de tarjeta al pagar, pero que el abono solo era de 538 euros. Insistió en que no podía ser la cantidad de 14.737 euros porque la tarjeta tiene un tope de 3.000 euros. Los hechos, confirmados por la propia Junta, parecen quitarle la razón. Ahora el PP cuestiona si lo que celebró Villén y un grupo de personas sin identificar aún era una despedida de soltero o fue un desahogo por el despido en la cúpula de Empleo. «Queremos saber los nombres de los hombres que fueron al club de alterne y utilizaron el dinero de los parados porque quizá algunos siguen siendo hoy altos cargos de la Junta y no pueden seguir siéndolo por más tiempo», reclamó ayer la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero.

Cuando Villén hizo dichas declaraciones en mayo, la Guardia Civil ya investigaba a instancias del juzgado 6 de Sevilla el posible desvío de dinero de la Faffe en este asunto de la tarjeta. La titular del juzgado, María Núñez Bolaños, había abierto una pieza separada del sumario iniciado en 2015 sobre las supuestas irregularidades en la Faffe, una fundación creada para la formación de parados, que llegó a recibir más de 300 millones de euros en subvenciones y que fue definida por la oposición como «una agencia de colocación de socialistas» durante la comisión de investigación de los cursos de formación en 2016. La Faffe fue cerrada en 2011 y sus más de 1.200 empleados fueron integrados en el Servicio Andaluz de Empleo.

Los agentes seguían la pista a una tarjeta usada en el club 'Don Angelo' y conocieron una devolución de casi 15.000 euros al interrogar al dueño del mismo. El PP, personado como acusación, desveló esta investigación en mayo llamándola el 'caso de las tarjetas black' de la Faffe. El Juzgado requirió a la Junta los movimientos de la tarjeta. El consejero de Empleo, Javier Carnero, informó en el Parlamento de que la tarjeta a nombre del directivo solo había gastado 1.563 euros entre 2008 y 2010. En este año solo figuraba un abono de 597 euros. Si hubo cargos y luego anulación de los mismos la Junta no podía conocerlo sin pedir esa información al banco, lo que hizo a instancia judicial.

La Junta, acusación en el caso, recibió esos datos a finales de mayo y los remitió al juzgado, al que hizo ver que presentan «posibles delitos de malversación o apropiación indebida». Los servicios jurídicos de la Junta instaron a la jueza a tomar de nuevo declaración al exdirectivo Fernando Villén, a quien estaba adscrita la tarjeta. Carnero compareció el 12 de junio en el Parlamento e informó de haber remitido «la operativa sobre los pagos con tarjeta y los ingresos contables en efectivo» al juzgado, pero pese a las preguntas insistentes de la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero, el consejero no proporcionó ningún dato del contenido de los mismos. Se limitó a responder : «Hemos enviado al juzgado absolutamente todo».

Contenido explosivo

Ese contenido explosivo se ha sabido un mes después, cuando el PP, acusación popular, lo ha dado a conocer. Tanto para la portavoz del PP, Carmen Crespo, como para Ruiz Sillero ha habido ocultación intencionada del Gobierno de Susana Díaz, a la que piden explicaciones lo mismo que al consejero de Empleo. El gabinete de este justificó ayer el silencio por tratarse de un asunto bajo investigación judicial. El mismo argumento esgrimido por el portavoz socialista, Mario Jiménez, para rechazar la comisión de investigación hasta que la Justicia no se pronuncie. El PP necesitará el respaldo de Cs y de Podemos para sacar adelante la comisión.

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