Todos los partidos, incluido el PP-A, piden al Gobierno que levante la suspensión de las 35 horas

La Junta admite que hay un diálogo abierto con el Ejecutivo central para llegar a una solución, pero urge que sea cuanto antes

MARIA DOLORES TORTOSA

Todos los partidos, incluido el PP andaluz, reaccionaron ayer a favor de que se levante la suspensión cautelar a la jornada semanal de las 35 horas de los empleados públicos andaluces dictada por el Tribunal Constitucional, una vez admitidos a trámite los recursos del Gobierno central contra la medida implantada por la Junta de Andalucía desde enero por invasión de competencias. El Gobierno recurrió el decreto de las 35 horas y también varios preceptos del Presupuesto de la Junta que destinan dinero para ello. Incluyó en el recurso la petición de la suspensión cautelar. Por tanto, solo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, puede solicitar al alto tribunal que se levante la suspensión.

Esto es lo que espera el Gobierno de Susana Díaz que ocurra cuanto antes. Ya esperó en balde que el Consejo de Ministros del pasado viernes se adelantara al trámite del Tribunal Constitucional y desistiera de la suspensión cautelar, tras las palabras conciliadoras del ministro de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, al vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, el lunes día 17. Ahora confía en que sí entre en el orden del día de este viernes próximo. El portavoz del Gobierno, Juan Carlos Blanco, reconoció que después de diez meses de aprobado el decreto andaluz, hay por fin un diálogo abierto con el Ejecutivo central sobre este conflicto.

Blanco no aclaró si se han cruzado más conversaciones entre ambos ejecutivos que las establecidas este lunes por la tarde entre la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, y el ministro Montoro. En otras ocasiones de conflictividad parecida ha habido llamadas a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, e incluso ha habido veces en que la presidenta, Susana Díaz, ha telefoneado al mismo Rajoy. Blanco, en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, dio a entender que había voluntad de diálogo sobre el conflicto que puede ocasionar la vuelta a la semana de 37,5 horas, impuesta por el Gobierno de Rajoy en 2012 entre las medidas de ajuste por la deuda pública.

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La Junta apela al Estatuto de Autonomía para defender sus competencias para establecer la jornada laboral de sus empleados y en su día justificó la medida por el compromiso de devolver los derechos laborales a los funcionarios una vez que había recuperación económica.

No hubo ningún voto en contra en el Parlamento cuando se aprobó el decreto y ahora tampoco hay ninguno a favor de la suspensión cautelar. El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, reiteró su posición en contra de la suspensión, pero arremetió contra Susana Díaz al considerar que la presidenta obvió en su día negociar con el Gobierno de forma premeditada, como parte de su estrategia de confrontación con el PP. Ahora también reclama diálogo. «Si lo realmente importante es que los funcionarios puedan trabajar 35 horas, siéntense en una mesa y seguro que van a conseguir mucho más que por la vía de la confrontación», manifestó ayer. El líder del PPandaluz se reunió por la tarde con representantes de CC OO, UGT y CSIF, quienes le reclamaron que medie para que Rajoy levante la suspensión de las 35 horas. Los sindicatos han anunciado movilizaciones si no es así.

La diputada autonómica de Podemos Libertad Benítez pidió la dimisión del ministro de Hacienda tras considerar que es una «vergüenza» que se haya «amnistiado a los más poderosos» y se esté «persiguiendo sin tregua a los trabajadores andaluces». El coordinador de IU, Antonio Maíllo, dijo que acudirá a las protestas de los sindicatos, afirmó que la suspensión tendrá «consecuencias desastrosas» y calificó el recurso de un «ataque a Andalucía».

La suspensión cautelar afecta a 250.000 empleados públicos y no a 270.000 como se dijo cuando se aprobó el decreto, ya que quedan fuera los funcionarios de la Junta en la administración de Justicia, con otro régimen de horarios. Si Rajoy no levanta la suspensión, esta no será efectiva hasta septiembre, ya que la Junta tiene 15 días para presentar alegaciones y agosto es mes inhábil.

Aún así, el hecho de la unanimidad de los partidos y el clamor de los sindicatos contra la vuelta a las 37,5 horas semanales se debe a que puede verse truncada la expectación por los más de 7.000 empleos en el sector público andaluz, sobre todo para reforzar las áreas sanitarias y educativas. Ya se han empleado unos cinco mil, pero para septiembre había planeadas unas 2.440 contrataciones en Educación que ahora están en el aire.

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