El Parlamento rechaza por tercera vez una ley del PP para suprimir el impuesto de sucesiones

Juanma Moreno, durante su defensa de la ley para suprimir el impuesto de sucesiones. :: efe
Juanma Moreno, durante su defensa de la ley para suprimir el impuesto de sucesiones. :: efe

Admitida por unanimidad la norma sobre los derechos del colectivo de gays y lesbianas, la primera que presentan juntos PSOE, Podemos e IU

MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA.

El Parlamento andaluz rechazó ayer la nueva proposición de ley del PP instando al Gobierno de Susana Díaz a la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones al votar en contra PSOE, Podemos e Izquierda Unida, que suman mayoría absoluta. Se trata de la tercera vez que el grupo popular presenta la iniciativa esta legislatura. Para su defensa subió a la tribuna el líder regional del PP, Juanma Moreno, quien prometió acabar con el impuesto cuando sea presidente de la Junta, convencido de ganar las próximas elecciones autonómicas.

Moreno recordó que el PP lleva 13 años defendiendo la eliminación gradual de este impuesto estatal cedido a las comunidades para su financiación. La ley rechazada propone la reforma de las disposiciones autonómicas con el fin de incorporar una bonificación en la cuota tributaria del 99%, lo que en realidad supone la práctica supresión del mismo. La norma no entraría en vigor hasta enero de 2018 en el Presupuesto de la Junta. Susana Díaz siempre se ha opuesto a la bonificación total, aunque no a la parcial como pactó con Ciudadanos el pasado verano. En la actualidad negocia con el partido naranja otra rebaja significativa, pero aún no hay acuerdo.

Moreno expuso que este no es un impuesto de ricos como defiende el PSOE, sino que afecta sobre todo a la clase media, que ve cómo sus ahorros se van en mantener el patrimonio familiar conseguido con años de trabajo. Su objetivo es «poner fin a una gran injusticia social», que en su opinión respaldan miles de ciudadanos y colectivos, varios de cuyos representantes presenciaron el debate en la tribuna de invitados y lanzaron voces contra Susana Díaz.

La presidenta, que atendió el debate desde su asiento, también fue diana de las críticas de Moreno, acusándola de cometer una «gran indignidad» cuando dice que no va a permitir que los trabajadores paguen los caprichos de los ricos. Dijo que es ella «la que se está dando el capricho ideológico de arrebatar el patrimonio de los trabajadores andaluces», sentenció.

Solo Ciudadanos, como en otras ocasiones, votó a favor de la iniciativa, pero lo hizo, como explicó su portavoz, Juan Marín, convencido de que la propuesta del PP es «de cara a la galería y buscando titulares».

Los partidos de izquierdas recordaron que las herencias de padres a hijos o familiares directos sólo pagan el impuesto un porcentaje pequeño después de la bonificación de las de hasta 275.000 euros por persona. Apuntaron que son las enormes plusvalías municipales a los inmuebles lo que encarece las herencias y no el tributo de la Junta. También recordaron a Moreno que su partido, el PP, es el que desde el Gobierno tiene la potestad de suprimirlo por tratarse de un impuesto estatal.

La posición sobre el impuesto de sucesiones no fue la única coincidencia de PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Ayer ambas fuerzas se estrenaron con la primera proposición de ley conjunta, la que debe garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales). Para presentar un texto conjunto, PSOE y Podemos debieron dejar a un lado otras iniciativas con matices diferentes.

La ley fue admitida con el apoyo unánime de la Cámara, ya que PP y Ciudadanos también se sumaron. La norma incluye los derechos de los menores transexuales para que puedan recibir tratamiento hormonal, ya estaclecido en un protocolo del Servicio Andaluz de Salud.

El Parlamento también dio el visto bueno a la continuidad del trámite de la nueva ley del emprendimiento con los votos del PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP y Podemos, aunque estos partidos fueron críticos con la norma.

Sólo Izquierda Unida pidió su devolución. Su portavoz en este asunto, José Antonio Castro, lamentó que el Gobierno de Díaz diera marcha atrás sobre la banca pública recogida en el antiguo texto destinado a potenciar el tejido empresarial andaluz.

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