El papel del Parlamento como arma para las defensas

M. D. T. SEVILLA.

Los abogados de Magdalena Álvarez, Rafael Alcácer; de Griñán, José María Mohedano; de Carmen Martínez Aguayo, Víctor Moreno Catena, y de Gaspar Zarrías, Gonzalo Martínez Fresneda, hicieron hincapié en una de las cuestiones que se prevén controvertidas en el juicio: el papel del Parlamento, puesto que los programas presupuestarios considerados ilegales por las acusaciones y el juez instructor fueron sancionados por los diputados de la Cámara autonómica al votarse los proyectos de ley de cada Presupuesto anual. Para las acusaciones e instructores, incluida la primera, Mercedes Alaya, los diputados no tenían por qué conocer la irregularidad del sistema de las ayudas, porque su formulación era opaca adrede para poder concederlas sin control previo. Los abogados de la defensa tratarán de desmontar esta teoría como un disparate, porque una ley no es perseguible penalmente. Solo el Tribunal Constitucional tiene potestad para echarla atrás, sostiene el letrado de Griñán. «Las leyes no son delictivas», dijo Martínez Fresneda.

Todos los letrados insistieron en numerosos errores en la instrucción. El de Magdalena Álvarez, que se le hiciera conocedora de informes de alerta de la Intervención que llegaron a Hacienda en 2005 cuando ella ya era ministra. El de Griñán subrayó como ejemplo la disparidad entre instructor (855) y fiscales (741) sobre la cuantía del dinero cuestionado como fraude, haciendo ver que en realidad este no puede concretarse hasta que no se lleven a juicio las piezas dedicadas al destino del dinero, las de las sobrecomisiones o las ayudas sociolaborales con intrusos. Aún así, apuntó su propia versión, contabilizando en 80 millones de euros el fraude (la Junta reclama casi 135 millones de euros).

Antes de la lectura, la abogada del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, Encarnación Molino, pidió al tribunal que se leyera el escrito de conclusiones provisionales presentado en esta pieza separada el día 17 de octubre de 2016 por la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía en el caso ERE. «Si no se leyera, quedaría incompleta la visión de las acusaciones», dijo Molino. El magistrado ponente del juicio, Juan Antonio Calle Peña, rechazó la solicitud porque «no procede la lectura de un escrito de alguien que ya no es parte en el procedimiento» y que se ha «apartado» del mismo tras reclamar su archivo.

El exconsejero de Empleo José Antonio Viera renunció a leer su escrito de defensa. Tampoco lo hará hoy el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, ya que no presentó. El letrado de Antonio Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, incluyó en su alegato una reflexión sobre el daño personal a los acusados en una instrucción larga, que considera llena de «equívocos».

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