Núñez pregunta al Gobierno por los ERE concedidos por la normativa estatal

La jueza acepta la petición de la empresa Río Grande y reclama al Ministerio el número y cuantía de ayudas otorgadas

SUR SEVILLA.

La jueza María Núñez Bolaños, que investiga el caso ERE, ha reclamado a la Secretaría de Estado de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que informe sobre el «número y cuantía» de las ayudas sociolaborales concedidas al amparo de la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995.

En un auto, difundido por Europa Press, la magistrada acepta la petición planteada por la defensa de la propietaria del restaurante Río Grande, Carmen García Sánchez, en el marco de la pieza separada por presuntas irregularidades en el ERE de esta empresa.

Inicialmente, la instructora rechazó la petición realizada por esta defensa y la Fiscalía Anticorrupción evitó pronunciarse, como solicitaron una decena de imputados en el caso, sobre la existencia de un marco legal estatal que otorgaba a la Junta la competencia para conceder las ayudas sociolaborales investigadas en este procedimiento.

Pero ahora la jueza pide al Ministerio de Empleo que emita «certificación comprensiva» sobre el «número y cuantía» de las ayudas sociolaborales concedidas al amparo de la Orden de 5 de abril de 1995, la edad media de los trabajadores beneficiarios de dichas ayudas, el porcentaje de fondos públicos aplicados en las ayudas en relación con el montante total del coste, y el órgano que concedió dichas ayudas.

Núñez también reclama que informe sobre los casos en que la concesión de las ayudas fue sometida al Consejo de Ministros, sobre si en la concesión de las ayudas se respetaron los principios de publicidad y concurrencia; el número, y en su caso, fecha y detalle de las ayudas formalizadas a través de la formalización de pólizas de renta, y, en tal supuesto, «identificación de los mediadores y de las compañías aseguradoras».

Pide también al Ministerio de Empleo que informe sobre la forma de elección de la compañía aseguradora y sobre si las ayudas comprendían la prima neta y los gastos de adquisición. Además, libra oficio al Ministerio de Empleo a fin de que remita copia «auténtica» de los expedientes administrativos instruidos previos a la promulgación de la Orden Ministerial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 5 de octubre de 1994 y a la Orden de 1995, así como de los Reales Decretos 908/2013 de 22 de noviembre y 3/2014 de 10 de enero.

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