Núñez Bolaños pregunta al Ministerio si fiscalizó las ayudas para prejubilaciones

La jueza Núñez Bolaños, en una imagen de archivo. /EFE
La jueza Núñez Bolaños, en una imagen de archivo. / EFE

La jueza del caso ERE pide a Empleo que amplíe la información sobre los 300 millones de euros entregados desde 2001 a 2011

SUR SEVILLA.

La jueza del caso ERE, María Núñez Bolaños, ha solicitado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social información sobre la fiscalización de las ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas desde el año 2001 hasta 2011, periodo investigado del caso, dentro del requerimiento al departamento que dirige Fátima Báñez para que amplíe el informe presentado por éste el 18 de septiembre de 2017 sobre dichas ayudas.

En este informe, el Ministerio reconoce que no realizó ningún concurso público para las ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas desde el año 2001 hasta 2011, que se otorgaron por el régimen de «concesión directa». En este sentido, el director general de Empleo, Javier Thibault, aporta en el informe un listado de 220 ayudas concedidas en ese periodo, donde precisa las empresas que recibieron las mismas, la aseguradora, el tomador de la póliza, el organismo que efectúa el ingreso y el importe en euros de cada una de las ayudas, que oscilan entre 13.760,49 euros y 22,2 millones y que suman unos 300 millones en total.

Ahora, a petición del Ministerio Fiscal, la jueza, en una providencia con fecha de 11 de enero de 2018 y de la que informa la agencia Europa Press, libra oficio a la Dirección General de Empleo del Ministerio para que amplíe el informe y señale si en todos los expedientes recogidos en ese informe «necesariamente debía de constar solicitud conjunta de la empresa y de los representantes de los trabajadores, o directamente por éstos últimos; si en ellos recayó resolución expresa de concesión de las ayudas, con mención expresa de los compromisos que eran asumidos por sus beneficiarios; si estaban sujetos a fiscalización y a qué extremos; si estaban sujetos a disponibilidad presupuestaria; si las ayudas fueron objeto de justificación por los beneficiarios; y si en las ayudas se ha iniciado algún procedimiento de reintegro, debiendo, en su caso, hacerse una relación de tales procedimientos por cada ayuda concedida».

Asimismo, la magistrada ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Andalucía varios documentos sobre el Plan Único del Gobierno Central para paliar la crisis de la Faja Pirítica andaluza --provincias de Huelva y Sevilla--, con el fin de la práctica de pruebas, que su antecesora, Mercedes Alaya, no incluyó en su intrucción.

Núñez pide el acuerdo firmado el 27 de febrero de 2002 por el entonces delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, y el consejero de Empleo, José Antonio Viera. Además, las comunicaciones de dicho documento «realizadas a todos y cada uno de los departamentos de la Administración del Estado y las comunicaciones recibidas por la Delegación del Gobierno en Andalucía por parte de la Administración del Estado en desarrollo o sobre el anterior documento».

Igualmente, la magistrado solicita copia del Plan Único, con «el expediente completo de elaboración» y las comunicaciones, tanto recibidas como emitidas, sobre el citado plan, entre los distintos organismos de la Administración estatal.

Además, acuerda unir los escritos presentados por la defensa de Carlos Leal, para que la magistrada se pronuncie sobre si las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a los extrabajadores afectados por la crisis de la Faja Pirítica «tuvieron como marco legal que posibilitó su concesión» la Orden de 5 de abril de 1995 del Ministerio de Trabajo.

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