Núñez archiva la causa contra el obispo emérito de Cádiz por una ayuda

M. D. T. SEVILLA.

La jueza María Núñez Bolaños ha archivado la pieza separada del 'caso ERE' relativa a una ayuda de 300.000 euros al Centro Geriátrico del Obispado de Cádiz, por la que figuraba como investigado el obispo emérito Antonio Ceballos. En el auto la jueza esgrime que ninguna responsabilidad penal se puede atribuir a los beneficiarios de ayudas otorgadas por la Dirección General de Trabajo, que califica de «caótica» por el «desorden en la tramitación de los expedientes». «Más que delincuentes, podrían considerarse víctimas o perjudicados por la actuación» de la Junta, añade en el auto.

A juicio de Núñez, los ciudadanos «se limitan a seguir el procedimiento que marcan las administraciones». «No cabe la menor duda de que la ayuda se solicitó porque se considera justa y adecuada, con una finalidad lícita, sostener 50 puestos de trabajo».

La ayuda se otorgó siendo consejero de Empleo Antonio Fernández y director de Trabajo Juan Márquez, aunque fue su antecesor, Javier Guerrero, quien inició el trámite de su concesión. Una vez la Junta inició la revisión de los expedientes estallado el caso ERE, el entonces consejero de Economía y Empleo Antonio Ávila propuso archivar el expediente de reintegro porque iría «contra la buena fe de los trabajadores» del geriátrico, avalado por el Consejo Consultivo.

Este archivo coincide con una sentencia del Tribunal Supremo con todo lo contrario: Condena a la empresa Matadero de Sierra Moreno, de la Sierra Norte, a devolver a la Junta 3,8 millones de euros por no haber cumplido los trámites pertinentes en la solicitud de la ayuda. El alto tribunal observa la «grosera omisión» de los trámites elementales que deben seguirse para dar una subvención pública «sin más base que la decisión del director general (Javier Guerrero). La Junta había solicitado en este caso la devolución de la ayuda concedida entre 2002 y 2006.

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