Montero ya busca alternativas para mantener la jornada laboral de 35 horas

SUR SEVILLA.

Aunque sigue sin producirse ninguna comunicación oficial, y ha pasado de largo el plazo de cinco días que el Tribunal Constitucional dio al Gobierno central para presentar alegaciones, en la Junta de Andalucía ya se da por hecho que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no va a propiciar que se levante la suspensión cautelar de la jornada de 35 horas de los funcionarios públicos andaluces, recurrida por éste ante el alto tribunal. Por ello la consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, dio ayer un paso más y dijo que su departamento prepara alternativas para mantener esta medida, y que las pactará con los sindicatos.

Durante una entrevista en Canal Sur TV, la consejera dijo que si se produce el mantenimiento de la suspensión cautelar « nos reuniremos con los sindicatos para arbitrar medidas, de manera que se cumpla con el mandato del Tribunal Constitucional (TC), pero hacerlo compatible con que no se pierdan empleos y con los derechos de los trabajadores». Aseguró además que esta fórmula, de la que no dio más detalles no perjudicará al empleo creado por la reducción de la jornada de las 37,5 horas semanales anteriores, implantada al inicio de la crisis, por lo que quiso mandar «un mensaje de tranquilidad» al los contratados en virtud de la reducción.

Montero sí indicó que la aplicación de las 35 horas podría encontrar encaje en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) e incluso con una norma específica, pero «en ningún caso el Gobierno andaluz se ha planteado dar marcha atrás».

Posteriormente, la consejera critico ante la plana mayor de UGT, con quien se reunió en su ronda habitual de explicación de los presupuestos de la Junta a los agentes sociales, «el silencio» del Gobierno central a la petición de retirar la suspensión. «Probablemente no quieren dar la cara, pero si el Gobierno (central) impide que en Andalucía se puedan aplicar las treinta y cinco horas reuniremos a las organizaciones sindicales y arbitraremos un plan que permita cumplir con el mandato y respetar los derechos de los trabajadores», dijo.

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