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Martes, 20 de marzo 2018, 00:06
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La exconsejera de Hacienda de la Junta Carmen Martínez Aguayo aseguró ayer que los informes de la Intervención alertando del «uso inadecuado» del sistema de las ayudas de los ERE por su mesa «no pasaron» ya que eran leídos por su «equipo técnico» pues no advertían de «ilegalidad alguna».
Aguayo se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación en el juicio de la pieza política del 'caso ERE' contra 22 ex altos cargos de la Junta, por crear o mantener un «procedimiento específico» usado del 2001 al 2011 para repartir 850 millones de euros en ayudas sociolaborales de forma presuntamente arbitraria y evitando el control administrativo, según el juez instructor que cerró la investigación.
La que fuera primero viceconsejera de Hacienda (2004-2009) y después consejera (2009-2013) asumió durante la instrucción la responsabilidad de que el expresidente José Antonio Griñán -en su etapa como consejero de Hacienda siendo ella su número dos- no recibiera los informes de la Intervención y también declaró que ella misma no los leía porque recibía «cien al año» y contenían «discrepancias contables» pero nada que exigiera su actuación.
Aunque ayer ratificó esa declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de abril de 2015, ayer fue un paso más allá al señalar no sólo que no leyó los informes, sino que aunque iban remitidos a la Viceconsejería de Hacienda para su puesta en conocimiento del consejero, «esos informes directamente por mi mesa no pasaron» sino que los leían sus técnicos.
En esos informes el interventor consideraba «inadecuado» que las ayudas sociolaborales que daba la Consejería de Empleo fueran pagadas por la agencia pública IDEA mediante transferencias de financiación de fondos de Empleo, pero Aguayo hizo hincapié en que «en ningún caso» señala que fuera «ilegal».
La Fiscalía sostiene que el pago de las ayudas se hacía vía IDEA para evitar la fiscalización previa que hubieran tenido si las abonara la Consejería de Empleo directamente. Aguayo subrayó que el procedimiento de concesión y pago de las ayudas era una decisión del órgano gestor -en este caso la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo- sobre la que Hacienda nada tenía que decir y cuando ella llegó al Gobierno ese sistema llevaba usándose tres años y aparecía en los Presupuestos anuales que aprobó el Parlamento y visó la Cámara de Cuentas sin que mereciera «ninguna tacha de legalidad por nadie». Ha negado además que con ese sistema las ayudas no tuvieran control porque «todo gasto de la Junta está sujeto a fiscalización», en este caso mediante el control permanente financiero de la agencia pública IDEA que ha defendido como «más profundo, extenso y moderno» que la fiscalización previa.
Para Aguayo, los reparos del interventor al sistema de pago de las ayudas eran una «discusión jurídica» entre éste y la Dirección General de Trabajo y ha subrayado que ni el interventor ni sus técnicos que leían sus informes le reseñaron ninguna irregularidad.
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