Marín asegura que Cs no se sumará al acuerdo parlamentario andaluz sobre financiación

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, y Juan Marín. /EFE
El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, y Juan Marín. / EFE

Exige que el documento pactado por PSOE, Podemos e IU, al que se unió el PP, incluya el rechazo al «cuponazo vasco» y a la subida de impuestos

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Juan Marín, insistió ayer que su formación no se sumará al acuerdo suscrito por PSOE, Podemos e Izquierda Unida sobre la financiación autonómica al que también se ha unido el PP. Marín respondía con esta negativa un día después de la nueva invitación de Susana Díaz a Cs para que se uniera al documento que votará el Parlamento para que Andalucía tenga una sola voz ante la futura negociación del modelo de reparto de dinero a las comunidades autónomas.

El texto será visto hoy en la Comisión de Hacienda y Administración Pública, lo que propicia una nueva ocasión para que el partido naranja se adhiera al mismo aunque luego plantee votos particulares. Marín, sin embargo, vaticina que su formación no va a modificar su postura, aunque se quede fuera de la foto, en contra de un acuerdo que interpreta como «una estrategia política que ha salido mal».

Susana Díaz dijo el miércoles en el Pleno del Parlamento que el acuerdo «no es un fin es sí mismo, es un paso en la defensa de Andalucía y seguiré trabajando para que todos los partidos con representación parlamentaria estén en la reforma del modelo con una voz única». La presidenta de la Junta expresó que la unanimidad de los cinco grupos le daría «fortaleza» para defender una financiación más justa para Andalucía. El documento pactado por los grupos de izquierda reclama para esta Comunidad 4.000 millones de euros más de los que recibe ahora. Una cifra con la que no coinciden ni PP ni Cs, al considerar que no se ajusta a ningún parámetro, aunque todos los partidos andaluces sí coinciden en que Andalucía está mal financiada.

Este punto de encuentro fue suficiente para que el PP se sumara al texto, aunque planteará varios votos particulares sobre el mismo. Si bien, no lo ha sido para Cs, que se ha cerrado en banda por varios motivos. Uno estrictamente formal. Marín ha lamentado en público y en privado «las formas» con las que PSOE, Podemos e IU negociaron el documento sin contar con las fuerzas de centro derecha. El portavoz de Cs volvió a criticar ayer que Díaz le reproche que no se sume al acuerdo cuando nadie del PSOE, insiste, se ha dirigido a él o a alguien de su grupo para hablar de ello. Fuentes socialistas desmienten este extremo y aseguran que sí han hablado con Cs por tratarse del partido con el que mantienen un pacto de investidura.

Como fondo están lo que defiende cada uno. Marín volvió a poner como condición ayer que el texto recoja estar en contra del «cuponazo vasco», en alusión a que Euskadi cuenta con un sistema de financiación al margen del resto de comunidades. Merced a ello, el País Vasco tiene autonomía fiscal, recauda todos los impuestos y por tanto autofinancia sus servicios. Si bien de lo recaudado remite al Gobierno una cantidad anual como pago de los servicios estatales. Esta cantidad se negocia de forma bilateral y como respaldo al Presupueto General del Estado del pasado año, el Ejecutivo de Rajoy rebajó la cantidad. Cs apoyó también ese Presupuesto.

Ordinalidad

Cs también exige que el texto diga que no se subirán los impuestos, aunque en realidad no hay ninguna alusión a subidas fiscales. La gran discrepancia, no obstante, de Cs con los demás partidos, incluido el PP, es la llamada ordinalidad. Todos entienden que el documento de Cs presentado al grupo de trabajo defiende este principio por el que las comunidades que más ingresan y aportan pueden recibir más una vez garantizados los servicios públicos. Marín negó ayer que su formación defienda la ordinalidad y recordó que es Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, quien «dijo que el nuevo modelo de financiación pasaba por el principio de ordinalidad».

Díaz se mostró tajante: «El acuerdo defiende un modelo de bienestar para Andalucía y una idea de España de la igualdad de las personas, no de los territorios».

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