Maíllo y Maeztu defenderán el cierre de los pozos de gas de Doñana en Bruselas

Maíllo y Maeztu, ayer. :: sur/
Maíllo y Maeztu, ayer. :: sur

El coordinador de IU Andalucía intervendrá en una comisión de la Eurocámara el día 21 de febrero para pedir la paralización del proyecto de Gas Natural

MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA.

En marzo de 2012 el Parlamento europeo abrió un expediente por la queja presentada por europarlamentarios de Izquierda Unida contra el proyecto gasístico en el entorno de Doñana, al que el Gobierno central le había dado el visto bueno. Desde entonces, representantes de IU han intervenido hasta cuatro veces en la Eurocámara para insistir en frenar la operación de Gas Natural para almacenar en el suelo de Doñana su combustible. IU espera que en la quinta sea la vencida. Esta vez será el coordinador de IU Andalucía, Antonio Maíllo, quien el próximo 21 de febrero intervendrá en Bruselas, pero quiere hacerlo en compañía del Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, cuya institución ya vertió el pasado otoño un informe «contundente» en contra del proyecto gasístico por el riesgo que entraña para las personas de la comarca y el acuífero del espacio protegido.

Maeztu aceptó la propuesta que Maíllo le hizo ayer en el encuentro de ambos en la Oficina del Defensor en Sevilla. Para ello este lunes día 22, IU solicitará a la Oficina de Peticiones del Parlamento Europea en Bruselas que acepte la comparecencia del Defensor andaluz.

El día que intervenga Maíllo estará presente el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella. A él se dirigirá para volver a reiterar la petición de que el Gobierno de España suspenda de forma cautelar el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana. También reclamará que una comisión europea visite Doñana y las instalaciones que filiales de la empresa Gas Natural realizan en el espacio colindante al parque nacional.

Defensor

Maíllo se apoyará en el informe del Defensor del Pueblo contra el proyecto, el cual a su vez se hizo tras los recabados del Instituto Geológico Minero del Ministerio de Energía, que habla del alto riesgo de esas instalaciones con peligrosidad para el terrero y para las personas, y el informe sobre la actividad sísmica de la Universidad de Huelva. «El Gobierno está abusando de sus competencias sobre Andalucía», manifestó Maíllo, quien también solicitó a la Junta de Andalucía, en contra del proyecto, que dé un paso más y acuda al Tribunal Europeo.

La extracción de gas en el entorno de Doñana se realiza desde los años 80. En 2008 la empresa gasística pide permiso para abrir nuevos pozos y construir un almacén subterráneo para su almacenamiento. La propuesta que afecta a las proximidades de Doñana consta de cuatro proyectos: Saladillo, Marismas occidental, Marisma oriental y Aznalcázar. Todos ellos obtuvieron en 2013 la declaración favorable de impacto medioambiental al haberlas hecho por separado y no como un proyecto único. La Junta intenta paralizar la obra, pero la empresa amenaza con la solicitud de una indemnización de 350 millones de euros.

Por las mismas fechas la Oficina del Defensor andaluz abre un expediente para analizar la situación. Concluye el pasado año con un pronunciamiento contundente tras analizar once informes en contra del proyecto, pero además logra que la Oficina del Defensor nacional se involucre e inicie otro expediente, este aún sin concluir. La intervención del Defensor nacional es clave puesto que la única administración que defiende el proyecto es la del Gobierno central, que incluso concedió seis millones de euros a la empresa gasística para ello.

El Defensor en funciones, Francisco Fernández Marugán, pidió el pasado noviembre al Gobierno una evaluación conjunta de los proyectos de almacenamiento de gas y sugirió que el de Marismas occidental se suspenda hasta que no se haga. El riesgo sísmico en la zona y la afectación negativa sobre los acuíferos son algunas de las advertencias técnicas contra el proyecto, según recogen las dos oficinas del Defensor, la nacional y la andaluza.

Maeztu, que califica de «temerario» el proyecto y un «riesgo innecesario» para un paraje de gran interés ecológico se preguntaba ayer desazonado ¿por qué ese interés en construir los nuevos pozos si ningún andaluz y ninguna institución andaluza quiere? Maíllo cree que la empresa busca una indemnización de más de 600 millones de euros del Estado como compensación.

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