Maíllo denuncia a clínicas Pascual a la Fiscalía por «apropiación indebida»

SUR CÁDIZ.

El coordinador regional de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, ha presentado ante la Fiscalía de Cádiz una denuncia contra la empresa sanitaria Pascual por «apropiación indebida» por el «beneficio ilícito» obtenido de su gestión en clínicas y hospitales de la comunidad por valor de 160 millones de euros.

En declaraciones a los medios tras registrar su denuncia en Cádiz, Maíllo explicó que mediante esta denuncia quiere recuperar gran parte del dinero «ilegalmente» obtenido por Pascual para reinvertirlos en la construcción de, al menos, tres nuevos hospitales públicos, informa Efe.

Según consta en el texto entregado ante la Fiscalía, el pasado 2 de marzo el consejo de la competencia de Andalucía dictó un expediente sancionador que «acredita que la empresa Pascual ha obtenido un beneficio ilícito de 160 millones de euros», con lo que la sancionó con cuatro millones de euros.

Los hechos habían sido denunciados por el Servicio Andaluz de Salud, aunque Maíllo ha recordado que eso no impidió a la Junta de Andalucía renovar en 2017 conciertos sanitarios con esta empresa «con un incremento de cantidades» de hasta 30 millones sobre lo inicialmente previsto.

«Estamos, por tanto, ante una práctica de la mercantil tendente a alterar el precio del concurso, prevaliéndose de su posición de monopolio en los servicios sanitarios de las localidades andaluzas que se han señalado», recoge la denuncia.

IU solicita que, teniendo en cuenta estos hechos, la Fiscalía de Cádiz inicie una investigación por apropiación indebida y vulneración de la normativa administrativa en materia de defensa de la competencia.

También pide que inicie una investigación sobre las condiciones que hubiera podido imponer la empresa José Manuel Pascual Pascual S.A al SAS para la firma del concierto en julio de 2017, «habida cuenta del considerable aumento de su dotación económica y de los precedentes que analiza y sanciona la resolución».

Y, finalmente, reclama las acciones legales que procedan para recuperar las cantidades facturadas indebidamente.

La denuncia presentada por Izquierda Unida recoge también que, ante la gravedad y la posible alarma social creada, se designe un fiscal especial para dirigir la investigación hasta su conclusión y, en su caso, ejercite las acciones penales oportunas contra todas aquellas personas que pudieran ser responsables de actividades delictiva.

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