Magdalena Álvarez pide la exclusión del delito de asociación ilícita en el juicio de los ERE

Gaspar Zarrías saluda a Magdalena Álvarez en presencia de José Antonio Griñán y Chaves, ayer durante el juicio. /Efe
Gaspar Zarrías saluda a Magdalena Álvarez en presencia de José Antonio Griñán y Chaves, ayer durante el juicio. / Efe

El abogado de Zarrías se suma a la petición y acusa al PP, única parte que lo sostiene, de «politizar» el juicio del caso

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

El juicio de la pieza política del ‘caso ERE’ continuó ayer con las cuestiones previas de las defensas de los acusados. Varias de estas, como los abogados de Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, solicitaron al tribunal la exclusión del juicio del delito de asociación ilícita, que solo plantea el PP, acusación popular. El instructor Álvaro Martín lo incluyó en el auto de apertura de juicio al proponerlo una de las partes de la acusación, aunque durante la instrucción del caso nunca hiciera alusión a este delito por el que el PPsolicita dos años de cárcel para cada uno de los 22 enjuiciados, acusados por la Fiscalía y Manos Limpias de prevaricación (todos ellos) y malversación (solo 15).

Esto implica que procesados a los que la Fiscalía no le pide cárcel, como Manuel Chaves, Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, entre otros, se enfrentan por esta acusación del PP a una posible condena de prisión. Rafael Alcácer, abogado de la exministra de Fomento, expuso que esta acusación la hizo el PP de forma «sorpresiva» en su escrito de acusación con posterioridad a la conclusión de la instrucción y el auto de procesamiento del juez. Por ello considera que vulnera los derechos fundamentales de los enjuiciados de conocer de qué se les acusa antes de la vista oral. Los procesados prestaron declaración como investigados, pero nunca se les preguntó (tampoco los abogados del PP) por este supuesto delito que implicaría que los 22 confabularon entre ellos para delinquir.

El magistrado se extraña de la petición de nuevos testigos, entre ellos Susana Díaz

El presidente del tribunal del juicio del ‘caso ERE’, Juan Antonio Calle Peña, volvió a insinuar su sorpresa por la petición de nuevos testigos. Aunque también acusados como Viera y Guerrero han solicitado nuevos testigos, el magistrado parecía extrañarse con la petición del PP, que ha pedido una treintena, entre ellos Susana Díaz y el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios. El juez pidió a los letrados que justifiquen esa nueva petición y el por qué no incluyeron sus nombres en sus escritos de acusación en su día. El abogado del PP, Luis García Navarro, volvió a considerar muy «necesaria» la presencia de Susana Díaz por su conocimiento de los hechos por haber sido consejera de Presidencia cuando estalló la investigación y añadió como novedad que ocupaba dicho cargo cuando la Junta se personó como acusación, algo que no ejerce en este juicio al considerar que el procedimiento específico era legal.

Tampoco el instructor realizó prueba alguna relacionada con el mismo. Alcácer señaló que, según el Constitucional, nadie puede ser acusado de un delito en un juicio sin haber sido oído previamente por el juez instructor sobre el mismo.

Gonzalo Martínez-Fresneda, abogado de Gapar Zarrías, también se sumó a la petición del letrado de Álvarez y en su exposición llegó a acusar al PP de «politizar» el juicio, señalando no solo la inclusión del delito de asociación ilícita, sino también la petición de nuevos testigos con el mismo efecto sorpresa, en alusión a la petición del PP este lunes de que comparezca Susana Díaz como testigo. Martínez-Fresneda considera que ambos aspectos revelan un «interés extra procesal» del PP que podría suponer un «lastre» para el análisis de lo que se enjuicia.

También los abogados de Agustín Barberá y de la funcionaria Lourdes Medina se sumaron a la petición de exclusión de este delito. Pedro Apalategui, letrado de Barberá, calificó su inclusión por el PP de «extravagancia jurídica» que pone en cuestión el papel de las acusaciones populares en los juicios.

El abogado de Zarrías se sumó a la cuestión planteada el día antes por el letrado de José Antonio Griñán y Antonio Lozano sobre la nulidad de toda la instrucción desde que el juez Álvaro Martín se hiciera cargo de la misma en enero de 2016, al considerar que no era el juez natural por no ser el titular del juzgado. Martínez-Fresneda expuso, como José María Mohedano, que la instrucción desde entonces, incluido el auto de procedimiento abreviado o procesamiento de mayo de 2016, es «nula de pleno derecho». Anotó que a Álvaro Martín, juez de refuerzo en el número 6 de Sevilla, le fue adjudicada la instrucción de la pieza política «ad hoc» por un «acuerdo» que calificó de «inquietante» por considerársele el más «adecuado»

El tribunal también deberá deliberar sobre la petición del abogado de Carmen Martínez Aguayo, que ha solicitado que los acusados declaren después de los testigos y testimonios de los peritos.

Investigan una carta anónima con amenazas de muerte a la jueza Núñez Bolaños

SUR

El juez de Instrucción número 2 de Sevilla ha incoado diligencias previas para investigar una carta anónima y manuscrita enviada a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, en la que se recogen amenazas de muerte a la magistrada que instruye la macrocausa de los ERE, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Las citadas fuentes han confirmado que el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, que dirige Carlos Mahón, ha incoado diligencias previas para investigar esta carta manuscrita que fue recibida en el juzgado de Núñez Bolaños el pasado 4 de enero y que contiene amenazas a la juez.

De esta manera, el juez ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y localizar al presunto autor de la misiva, enviada desde Madrid, según avanzó ‘Diario de Sevilla’, que señala que se trata de una carta manuscrita breve, con varias frases que contienen graves amenazas de muerte a la juez María Núñez Bolaños y esas amenazas están relacionadas directamente con su cometido profesional en la instrucción de las macrocausas que se investigan en este juzgado.

Además, el magistrado ha librado un oficio a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental para que los agentes investiguen la carta anónima manuscrita. La Policía tratará de esta forma de localizar posibles huellas que conduzcan hasta el presunto autor del escrito, y también intentará rastrear la carta, de la que se sabe que fue sellada en Madrid.

El letrado del exconsejero José Antonio Viera solicitó, a su vez, la prescripción del delito de prevaricación por el que se le juzga al haber pasado diez años desde que dejó de ser consejero de Empleo (2004) y la fecha (2014) en el que el Tribunal Supremo (entonces era aforado)le acusó formalmente.

Viera también ha reclamado que no se le juzgue por malversación porque ya está siendo investigado por lo mismo en otras piezas y no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Ha solicitado lo contrario que su sucesor, Antonio Fernández, que pide ser juzgado solo en la pieza política.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos