Lozano declara que el Parlamento conocía el fondo de los ERE y hasta lo enmendaba

La Fiscalía anticorrupción pide a la jueza Núñez que deje de excluir de las piezas de las ayudas a los cargos juzgados ahora en la Audiencia

MARÍA DOLORES TORTOSA

Sevilla. El juicio de la pieza política del 'caso ERE' prosiguió ayer con el interrogatorio a los acusados. Por la mañana declaró el que fuera director general de Presupuestos en la Consejería de Hacienda Juan Antonio Lozano, acusado de prevaricación, delito por el que el fiscal le pide inhabilitación. El ministerio público continuó, como con la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, intentando averiguar la implicación de este departamento en el procedimiento administrativo para la concesión de las ayudas sociolaborales, incluida la llamada transferencia de financiación, un procedimiento que la instrucción y fiscales consideran que no es legal y se hizo para saltarse los controles.

Lozano, como Álvarez, insistió en dos aspectos, el que Hacienda no tiene ninguna obligación de controlar o saber cómo ejecuta el presupuesto las distintas consejerías, solo dibuja el gasto ajustado a la ley. La segunda premisa que quiso dejar sentada es la insistencia en que el Parlamento, es decir los diputados, conocieron el fondo de los ERE y su mecanismo de pago a través de las transferencias de financiación. Lozano, a preguntas de su abogado, José María Mohedano, expuso el primer ejemplo conocido en este juicio de una enmienda a la partida destinada a ayudas sociolaborales para enmendarla desde el Parlamento, a instancias de un grupo o diputado cuya identidad no se aclara. El Parlamento lo aprobó. «Fue el Parlamento el que cambió la ayuda a una empresa», dijo como respuesta a la insistencia de la acusación de situar en las modificaciones presupuestarias del Gobierno andaluz a la partida de los ERE el gran agujero de las irregularidades que vinieron luego en la gestión de las ayudas.

Lozano fue director de Planificación de la Consejería de Hacienda desde 1997 a 2002 y director de Presupuestos entre 2002 y 2009.

Por otro lado, la Fiscalía anticorrupción ha enviado un escrito a la jueza instructora de la macrocausa, María Núñez Bolaños, para que deje de excluir de las piezas separadas a los excargos que están siendo juzgados, ya que en este juicio, refiere Fiscalía, no se juzgan las ayudas, según ha dejado claro el tribunal.

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