El Gobierno andaluz renueva sin consenso el Consejo Consultivo

El portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. /EFE
El portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. / EFE

El PP asegura que se trata de una «represalia» por haber pedido la citación de Susana Díaz como testigo en el juicio del caso ERE

Lalia González
LALIA GONZÁLEZ

El Consejo de Gobierno andaluz renovó esta martes por sorpresa y sin consenso con los demás grupos políticos el Consejo Consultivo de Andalucía, que en su mayor parte tenía su mandato concluido desde mayo de 2016. La decisión motivó la ira del PP-A, que contaba con dos representantes en este organismo y cuya portavoz, Carmen Crespo, aseguró que el PSOE le había reconocido que se trata de una «represalia» por pedir que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, declare en el juicio por el caso ERE.

Desde que se creó este órgano consultivo, en 1995, el Gobierno andaluz concertaba los puestos con los demás grupos políticos, a modo de cuota, y nombraba dos representantes a propuesta del PP, pero en esta ocasión ha actuado sin consultar a ningún partido y hasta ha cesado a algún consejero que no tenía cumplido el mandato de cinco años prorrogables.

Crespo dijo que «es una conducta propia del peronismo, Susana Díaz se convierte en Susana Kichner» y habló de «caciquismo» y «desfachatez», para afirmar que es «el mayor acto de despotismo en la autonomía reciente». La portavoz popular atribuyó los cambios a informes del Consejo que «han tumbado» la ley de formación profesional y dado «varapalos» a otros textos, como la regulación del nombramiento de peritos, en cuya contra informó el consejero Francisco Gutiérrez, que con anterioridad fue representante del PP en el Defensor del Pueblo Andaluz y en el Consejo Audiovisual y que ha sido cesado.

El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, dijo que el decreto de nombramiento es «una competencia propia» que ejerce el Consejo de Gobierno y lo hace con «rigurosidad» y defendió la «acreditada experiencia y solvencia» de los nombrados, a la vez que negó que se deba a las «fricciones» por los dictámenes.

Los grupos hablan de «sectarismo» y la Junta defiende que ejerce su competencia

Entre los partidos cundió también la crítica por la decisión, que contrasta con la falta de acuerdo para renovar otros órganos de extracción parlamentaria, éstos competencia de los grupos, como el consejo de RTVA, el Audiovisual, el Defensor o la Cámara de Cuentas, que siguen sin presencia de los nuevos grupos.

Podemos, a través de Begoña García, censuró que el PSOE hace «política partidista» mientras Antonio Maíllo (IU) acusó a Susana Díaz de «sectarismo». Juan Cornejo (PSOE) rechazó las críticas y defendió la decisión y dijo que « el PP-A ha perdido las formas y el norte», su actitud es «impresentable» y le «escuece mucho el ridículo que ha hecho al tratar de involucrar» a Díaz en el caso ERE. Cs dijo no compartir la actuación de la Junta, pero reprochó al PP que quiera tener miembros en el Consultivo pero no impulse la presencia del partido naranja en órganos donde le corresponde, como el consejo de RTVA.

El acuerdo supone la incorporación a la permanente de Consultivo, con dedicación exclusiva, de la exconsejera y senadora Mar Moreno; Ángel Rodríguez Vergara, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga y doctor en Ciencias Políticas por la Complutense de Madrid; María Jesús Gallardo, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Jaén, y Juan Gorelli Hernández, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Huelva, y renueva la exconsejera Begoña Álvarez. Continúa Rafael Escuredo y Juan Cano Bueso sigue como presidente.

Serán consejeros sin exclusividad, José Manuel Jareño, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz; Soledad López, que fue subsecretaria del Ministerio de Presidencia de España y asesora técnica en el área de trabajo de Defensor del Pueblo; Eva Blanco, funcionaria del cuerpo superior de administradores civiles del Estado; Joaquín Cifuentes, abogado y letrado de CCOO; y Fernando Yélamos, abogado desde 1974 en ejercicio y que ha asesorado a UGT. Continúa Ana Cañizares, consejera desde 2008.

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