La Junta ratificará mañana el acuerdo sindical de elevar la jornada de los funcionarios andaluces

La Junta ratificará mañana el acuerdo sindical de elevar la jornada de los funcionarios andaluces
EP

Los representantes sindicales han considerado que supone una medida "transitoria" hasta que el Gobierno devuelva el derecho de los empleados públicos andaluces

EFESEVILLA

El Consejo de Gobierno ratificará mañana el acuerdo alcanzado hoy entre la Junta y los sindicatos para elevar la jornada en la administración de 35 a 37,5 horas semanales, de las que 35 serán presenciales y se completarán con media hora diaria no presencial en formación y preparación de tareas.

A este acuerdo han llegado hoy la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, con la UGT, CCOO y la CSIF en la Mesa General de la Función Pública, y con el que se acata la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la jornada laboral de 35 horas semanales en la administración andaluza.

En rueda de prensa tras la reunión, la consejera ha afirmado que no cree que el Gobierno vaya a recurrir este acuerdo, que cuando lo apruebe el Ejecutivo autonómico adquiere rango de decreto, porque la Junta ejerce sus competencias para la organización de la jornada de los empleados públicos.

Los representantes sindicales han considerado que los acuerdos de hoy suponen una medida "transitoria" hasta que el Gobierno devuelva el derecho de los empleados públicos andaluces a trabajar 35 horas semanales, una medida que se aplica desde 1999 y que suspendió el Ejecutivo en el 2012 por la crisis y restituyó la Junta en el 2017.

La consejera ha explicado que hasta ahora el tiempo dedicado por los empleados públicos a formación y a tareas de preparación y organización de su actividad no computaban en su jornada laboral y a partir de ahora lo harán para completar las 37,5 horas semanales y acatar de esa forma la sentencia del Constitucional.

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Montero ha alegado que la Junta tiene competencias para organizar la jornada laboral de sus empleados públicos y ha defendido los beneficios que supone la flexibilidad horaria para la conciliación laboral y familiar.

Ha puesto en valor el trabajo de los empleados públicos y ha reafirmado su confianza en la profesionalidad de este colectivo para cumplir con el trabajo no presencial frente a "subterfugios" usados por otras regiones como conceder márgenes de cortesía de media hora en el acceso al puesto de trabajo para computar las 37,5 horas.

También, ha argumentado que el reconocimiento del trabajo no presencial ha sido una aspiración sindical histórica que está respaldada por el Estatuto Básico del Empleado Público.

Igualmente, Montero ha garantizado que no se destruirán los aproximadamente 7.000 empleos creados en el sector público andaluz desde que en enero del 2017 se restituyó la jornada laboral de 35 horas semanales ni tampoco se van a cambiar horarios ni planillas.

En el ámbito sanitario, se mantendrán los turnos aprobados y no se alterarán las retribuciones de jornada complementaria.

Respecto al personal docente, se reorganizarán las tareas de jornada lectiva de forma que, manteniendo las veinte horas lectivas, en este curso se considera hora lectiva una hora de guardia y dos en el siguiente, y el horario de no obligada permanencia en los centros pasa de cinco a 7,5 horas, como se aplicó en el año 2012 con las medidas de ajuste del Gobierno central. El seguimiento de la jornada no presencial de los empleados públicos se hará de forma similar al sector docente, ha apuntado.

Asimismo, la consejera ha incidido en que nunca ha habido igualdad de jornada en la función pública en España y, por tanto, "no hay quiebra de trato" como alega el Gobierno, al que ha acusado de querer convertir medidas transitorias derivadas de la crisis en definitivas.

En este sentido, Montero ha expresado su temor a que el Gobierno "tenga la tentación de implantar las 35 horas de forma definitiva" y ha recordado que antes de elevar la jornada a 37,5 horas había nueve regiones, entre ellas Andalucía, en las que era de 35 horas.

Además, ha cuestionado que el Gobierno pueda regular la jornada mínima en las administraciones autonómicas, ya que siempre ha fijado la máxima, de forma que las regiones tenían margen para negociar en el marco de la negociación colectiva sobre salarios y jornada.

Tras denunciar que el Gobierno ha cambiado "radicalmente" su posición sobre las 35 horas semanales, le ha exigido que elimine el requisito de jornada mínima y regule la jornada máxima en 35 horas semanales para todos los empleados públicos del Estado.

Los representantes de UGT, Antonio Tirado; de CCOO, Agustín de la Cruz, y de la CSIF, José Luis Heredia, han asegurado que no hay burla a la sentencia ni insumisión con este acuerdo, con el que se acata la decisión del Constitucional y se evita el despido de más de 7.000 trabajadores.

Han censurado el cambio del discurso del Gobierno en relación a la aplicación de las 35 horas semanales en sectores prioritarios y han defendido la competencia de la Junta para organizar la jornada laboral de sus empleados.

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