La Junta quiere 4.000 millones más y el 75% del IVA recaudado

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen de archivo. /EFE
La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen de archivo. / EFE

La propuesta andaluza de financiación pondera la población hasta 18 años, universitarios, parados, riesgo de exclusión y dependientes

LALIA GLEZ.-SANTIAGO SEVILLA.

Andalucía necesita 4.000 millones de recursos adicionales para cubrir las competencias tranferidas y quiere que este dinero extra que el Estado debe aportar proceda del aumento de la transferencia del IVA y de los impuestos especiales, que pide elevar al 75% de lo recaudado. Estas son dos de las novedades de la propuesta del Gobierno andaluz para el nuevo modelo de financiación autonómica, que ayer desgranó la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, un debate que consideró «trascendental» porque «va a condicionar el modelo de sociedad, la equidad y el desarrollo al que aspiramos».

La propuesta es la misma que ha elaborado el grupo socialista en el Parlamento autonómico y que se negocia con los demás partidos para alcanzar una posición común que sea aprobada por el pleno del Parlamento. Hoy está prevista la reunión de trabajo con el PP-A, para intentar que se sume al acuerdo que se esboza con Podemos, Ciudadanos e IU. El diputado 'popular' Pablo Venzal, que preside el grupo de trabajo, dijo ayer que su partido está por la labor «pero al PSOE no le interesa el consenso, sólo quiere llevar este asunto a la confrontación».

Con todo, el PSOE se propone llevar la propuesta a los agentes sociales y profesionales con los que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha mantenido entrevistas dentro de la ronda para buscar una posición común de Andalucía que llevar a la mesa de negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Montero afinó ayer, durante una intervención en el Club Antares, sobre lo conocido hasta ahora de la propuesta socialista.

La Junta pedirá, si el documento sale adelante, que se agreguen 16.000 millones al sistema de financiación para lograr la suficiencia, es decir cubrir los costes estimados. Para calcular éstos se ha tomado como referencia el año 2004, cuando se logró la máxima eficiencia en el gasto, dijo. Según este parámetro a Andalucía le faltan 4.000 millones de recursos adicionales para prestar los servicios públicos. De ellos 3.400 serían para los esenciales -sanidad, educación, dependencia-, y el resto para las demás políticas.

Esta cantidad, indica la propuesta, se lograría del aumento de las transferencias de la recaudación del IVA y de los impuestos especiales. Si hasta ahora el Gobierno central compartía con las comunidades autónomas el 50% del primero y el 58% de los segundos, la Junta quiere elevarlo al 75%. La cantidad resultante iría a engrosar el Fondo de Financiación de los Servicios Públicos, destinado a sufragar las competencias básicas y uno de los tres nuevos mecanismos que la Junta propone crear en el nuevo modelo.

La filosofía de base es sustituir el actual sistema de transferencias del Estado por la mayor participación en la recaudación, explicó la consejera. No se toca el actual reparto del IRPF. Tampoco habrá subida de impuestos ni copagos.

En cuanto a los impuestos transferidos, la propuesta andaluza parte de la armonización de los mismos, con horquillas para los intervalos de tipos, mínimos exentos y deducciones comunes a los territorios, a fin de evitar la «trampa» de la desigualdad entre las comunidades más ricas, que pueden permitirse bajar estos tributos. Aún escuece la batalla del impuesto de sucesiones, en que la Junta hubo de ceder y llegar a una bonificación casi total.

Criterio de población

Otra cuestión en la que Montero aportó nuevos datos es la variable de población que se considera óptima para los intereses de los andaluces. Así, frente al modelo actual, que sólo tiene en cuenta a la población mayor de 65 años y la de 0 a 16 años por la educación obligatoria, y sobre la que la Junta calcula que quedan 220.000 ciudadanos fuera del sistema, propone que se pondere la población en base también a los estudiantes de hasta 18 años, ante el retorno a las aulas de estos jóvenes y en enseñanzas de bachillerato y FP, de alto coste, y a los universitarios del sistema público. Pide además que se tenga en cuenta la tasa de paro EPA, sin matizar que sea el paro de larga duración como se había sugerido, y que se bareme también el número de dependientes inscritos en el sistema y la tasa de exclusión social y riesgo de pobreza en dato INE.

Asimismo, la Junta dará la batalla por la reforma del CPFF y urgirá su convocatoria.

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