La Junta tendrá que pagar la defensa de altos cargos en el juicio del 'caso ERE'

Susana Díaz y Juanma Moreno, en el debate ayer del Parlamento. :: j. m. vidal. efe/
Susana Díaz y Juanma Moreno, en el debate ayer del Parlamento. :: j. m. vidal. efe

Díaz elude responder a Moreno una pregunta sobre ello, pero la consejera de Hacienda informa de que se ha abonado la minuta de un acusado en 2012

MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA.

La Junta de Andalucía tendrá que pagar la minuta de los abogados de altos cargos procesados en el juicio del 'caso ERE' según una sentencia judicial de 2016, aunque por el momento no lo ha hecho. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, respondió ayer a preguntas del PP que «la única defensa que se ha pagado con motivo del caso de los ERE fue en 2012». En concreto la Junta abonó la minuta de la defensa del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera, imputado en varias piezas de los casos 'Mercasevilla' y 'ERE', absuelto en algunas, excluido a última hora de la que ahora se juzga en la Audiencia de Sevilla sobre el procedimiento administrativo y apartado de otras por la instrucción.

La consejera eludió dar su nombre, acogiéndose a la ley de protección de datos. Es el mismo argumento esgrimido por el Gobierno de Susana Díaz para no dar información sobre una pregunta insistente en la oposición y que ayer formuló de manera directa el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, durante la sesión de control a la presidenta: Moreno preguntó si la Junta de Andalucía va a pagar la defensa de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que son juzgados junto a otros 20 excargos de la Junta. «La respuesta es muy sencilla, sí o no», espetó Moreno. La presidenta eludió responder a la pregunta y en su lugar manifestó: «Usted ha querido entrar al fango y eso sólo tiene una justificación, que está desesperado y no ve final del camino».

La consejera de Hacienda, en la respuesta al diputado del PP Miguel Ángel Torrico, también acusó a este de «querer seguir en el fango» sobre un asunto que está en los tribunales. Montero dijo que no puede informar sobre las personas que han solicitado a la Junta el abono de sus defensas porque «están protegidas por la Ley de Protección de Datos».

Montero, no obstante, anotó que las autoridades y los empleados públicos imputados en el ejercicio de sus funciones tienen derecho a que la Junta les defienda si son absueltos. «Hay que dejar que sean los jueces los que se pronuncien», añadió.

Sentencia de Manuel Gómez

Montero se refiere a la orden de la Junta estableciendo los criterios para pagar la defensa de los cargos imputados, cuya máxima condición era que fueran absueltos y el tope de la minuta no pasara de 18.000 euros. Este criterio, sin embargo, fue refutado en 2016 por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a favor del exinterventor de la Junta Manuel Gómez, uno de los 22 excargos que ahora se sientan en el banquillo del juicio que se celebra en Sevilla con Chaves y Griñán.

La sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal resolvió en julio de 2016 en contra del criterio de la Consejería de Hacienda y obligaba a esta a pagar la defensa de Gómez sin más límite que los establecidos por los colegios profesionales para honorarios y con anterioridad a la sentencia que dice el tribunal que le juzga, ya que lo contrario sería presuponer su culpabilidad.

La Junta andaluza, sin embargo, no ha llegado aún a un acuerdo sobre estos honorarios, según ha podido saber este periódico, razón por la que la consejera explicó que no se ha pagado ninguna defensa más que la de Rivera en su día. Este pago suscitó una gran polvareda política entonces, cuando era presidente José Antonio Griñán, optándose a partir de entonces por abonar solo a los acusados absueltos una vez conocida la sentencia.

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