La Junta lanza una ofensiva para adelantar la supresión del peaje de la autopista a Cádiz

El consejero de Economía y el portavoz del Gobierno andaluz, tras el Consejo de Gobierno. /EFE
El consejero de Economía y el portavoz del Gobierno andaluz, tras el Consejo de Gobierno. / EFE

Estudia recurrir la última concesión y reclamar el importe que ha abonado la administración autonómica para liberar el tramo desde Jerez

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

La Junta de Andalucía ha lanzado una ofensiva contra el Ministerio de Fomento para que este adelante la supresión del peaje de la autopista AP4 entre Sevilla y Cádiz, la única sin autovía pública alternativa en Andalucía y cuya concesión expira a finales de 2019. Además, el consejero de Fomento, Felipe López, anunció ayer que los servicios jurídicos de la Junta estudian recurrir la última concesión de 1997 y reclamar los cien millones de euros que la administración autonómica lleva abonados desde 2005 por la liberalización del tramo entre Jerez de la Frontera y Cádiz.

El Gobierno y el PP insisten en que la autopista de Cádiz quedará libre de peaje cuando expire la actual concesión en 2019. Si bien, la historia de esta autopista, una de las más antiguas de España, hace desconfiar a usuarios y formaciones políticas. Empezada a construir durante el franquismo en 1969 e inaugurada en 1973, se previó que la concesión para rentabilizar su coste expiraría en 1993, veinte años después. Si bien, gobiernos de todos los colores de la democracia prolongaron el pago por su uso de forma sucesiva: Adolfo Suárez en 1977, Felipe González en 1984 y José María Aznar en 1997. Esta fue la última prolongación de la concesión, pero la más larga, hasta 2019.

Entonces en Andalucía ya se podía circular por una doble vía sin pago alguno entre casi todas las capitales, siendo la A-92 el proyecto más ambicioso en este sentido, ya que acabaría por unir de forma transversal la Andalucía occidental con la oriental. Tras la nueva concesión y sucesivas reivindicaciones de los usuarios, Manuel Chaves prometió en la campaña electoral de 2004 que la Junta pagaría su liberalización. Cumplió su promesa a medias en 2005, con un acuerdo por el que la Junta abonaría lo que dejara de percibir la concesionaria por la circulación de vehículos en el tramo de Jerez a Cádiz, entonces calculado en 72,3 millones de euros. Cada año el Presupuesto de la Junta ha consignado ese gasto, incluidos los de la crisis que vinieron después y que forzó a los gobiernos a suprimir inversiones en infraestructuras para cumplir con el objetivo del déficit.

A menos de dos años para que la concesión expire vuelve la desconfianza de que el Gobierno central decida a última hora prolongarla una vez más. Las declaraciones del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, invitando a los partidos a un pacto sobre infraestructuras en el que incluir en un mismo paquete el futuro de las viejas autopistas y el de las nuevas, la mayoría en bancarrota, ha suscitado recelos otra vez.

Gobierno poco claro

Partidos como Izquierda Unida, Podemos y PSOE reivindican en Andalucía la supresión ya del peaje y no esperar a 2019. Una bandera política que el Gobierno de Susana Díaz ha agarrado decidida a no dejarla caer. «Venimos denunciando desde hace tiempo que el Gobierno de España no está siendo claro con esta situación, jugando a generar confusión e incertidumbre. La posición de la Junta es clara: que se levante el peaje», afirmó este pasado lunes la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero. La consejera rechazó cualquier pacto de estado sobre el futuro de la AP-4 y enfatizó: «No seremos los andaluces los que tengamos que pagar las componendas con las empresas de autopistas del Gobierno. Es una exigencia del Gobierno andaluz que se levante el peaje y que haya facilidad de circulación entre Sevilla y Cádiz».

El consejero de Fomento, Felipe López, reclamó ayer a Íñigo de la Serna que haga con la AP4 lo mismo que hizo el pasado verano con la AP9 de Galicia, a la que levantó el peaje con «agosticidad». López también avanzó, en una entrevista en Ondaluz, que esta reivindicación política «no es incompatible» y «puede ir en paralelo» al recurso contra la última concesión del Gobierno de Aznar en 1997. El consejero no avanzó mucho más, pero sí apuntó que si hay «un armazón sólido» se recurrirá para recuperar el dinero entregado a la concesionaria, cifrado por López en cien millones de euros.

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