Junta y Gobierno se tienden la mano para lograr un acuerdo en financiación autonómica y local

Susana Díaz pide dejar de tratar a los ayuntamientos como «menores de edad» y Fernández de Moya, abierto a flexibilizar la regla de gasto si no compromete la estabilidad

ANTONIO M. ROMERO ANTEQUERA.

El 4 de diciembre de 1978, los once partidos democráticos implantados en Andalucía firmaron el llamado Pacto de Antequera. Un acuerdo pionero en el que, recogiendo el espíritu de las multitudinarias marchas ciudadanas del 4-D de 1977, se comprometían a lograr una autonomía para Andalucía en igualdad con el resto de comunidades y hacerlo a través de la Constitución y del artículo 151. Bajo este espíritu de consenso y unidad, cuando se está a punto de conmemorar el cuarenta aniversario de aquellos hitos y en un contexto nacional en el que sobre la mesa está el debate de la cohesión territorial y el nuevo modelo de financiación, la Junta de Andalucía y el Gobierno central se tendieron ayer mutuamente la mano para lograr un acuerdo en materia de financiación autonómica y local; una reivindicación a la que se sumaron los ayuntamientos, que históricamente vienen exigiendo una mayor dotación de recursos económicos para poder prestar con garantías los servicios públicos.

Esta buena predisposición al diálogo y el consenso la pusieron de manifiesto este lunes en la Ciudad del Torcal la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el secretario de Estado de Hacienda y Función Pública, José Enrique Fernández de Moya, durante sus intervenciones en los actos conmemorativos del segundo aniversario de la novena asamblea de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), celebrado bajo el lema 'Balance y retos del municipalismo en Andalucía. Sumar, multiplica'. Además de financiación autonómica y local -cuya negociación por primera vez se aborda conjuntamente-, ambos dirigentes se refirieron a otras reivindicaciones del municipalismo como la flexibilización de la regla del gasto o la reforma del impuesto de plusvalías.

Díaz reclamó un modelo de financiación autonómica y local «más solidario y equitativo» que garantice la prestación de los servicios públicos esenciales y aseguró que la única línea roja que pondrá será la del 4-D: «No ser menos que nadie ni más que nadie. Desde esa igualdad, lo que haga falta y para esa igualdad nos debemos apoyar en lo local».

Y es que, a su juicio, sin los ayuntamientos no es posible un modelo de país inclusivo y en igualdad. «Hoy 40 años después de aquel 4-D tenemos una deuda con nuestros ayuntamientos, de no considerarlos instituciones de segunda categoría, ni menores de edad, ni instituciones a las que tenemos que tutelar», remarcó la jefa del gobierno autonómico, quien añadió que en este debate hay que considerar a los entes locales como «actores principales, al mismo nivel que el Estado y las comunidades autónomas».

«Dar oxígeno»

Susana Díaz, que recordó que durante la crisis Andalucía ha mantenido su compromiso con la inyección económica a los ayuntamientos y la vocación municipalista a través de dos leyes como la LAULA y la Patrica, sostuvo que reclama una financiación adecuada a nivel autonómico para poder incrementar también la Patrica y «dar oxígeno a los ayuntamientos». José Enrique Fernández de Moya, por su parte, aseguró que el diseño de la hoja de ruta y de los calendarios de trabajo para la reforma del modelo de financiación autonómica y local constituye «una mano tendida, de diálogo y consenso» del Gobierno de la nación a las corporaciones locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de la Comisión Nacional de Administración local. En este sentido, explicó que los siguientes pasos serán una reunión de los plenarios de estos organismos para valorar el documento presentado por los expertos sobre la financiación y a partir de ahí ponerse a trabajar «codo con codo» con el Gobierno para articular dicha reforma.

Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la FAMP, exigió una revisión al alza de la financiación local a través de las transferencias autonómicas y estatales y dijo que «estamos obligados a entendernos». Asimismo, defendió que los recursos financieros deben canalizarse desde el principio de la mejor prestación de los servicios a la ciudadanía y recordó que los ayuntamientos son la administración más cercana a los ciudadanos.

Durante su intervención Fernández de Moya detalló que desde 2012, Andalucía recibió 6.000 millones de euros de los 19.000 millones que el Gobierno de Mariano Rajoy ha inyectado a los ayuntamientos a través de programas como el de pago a proveedores, el de impulso económico y el fondo de ordenación. Mientras que Susana Díaz recordó que la Junta destina más del doble que el resto de comunidades juntas a la financiación local a través de la Patrica.

Respecto a la regla del gasto, José Enrique Fernández de Moya mostró la disposición del Gobierno a actualizarla siempre que no se ponga en riesgo la estabilidad presupuestaria tal y como exige la normativa europea. En este punto, Susana Díaz exigió al Gobierno que flexibilice la regla de gasto a ayuntamientos y diputaciones para que aquellos que tienen superávit -el 70% de los municipios andaluces lo tienen- destinen el dinero «donde crean que va a tener mayor beneficio social».

Rodríguez Villalobos pidió una relación entre los ayuntamientos y el resto de administraciones públicas «de igual a igual, sin tutelaje» y dijo que «va siendo hora de relajar las restricciones a nuestras inversiones»

Respecto al impuesto de plusvalías, el número dos de Hacienda y Función Pública confió en que «a la mayor prontitud» se pueda abordar una reforma consensuada y pactada entre el Gobierno y la FEMP.

Más

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos