La Junta denuncia a la Fiscalía abusos sexuales a trabajadoras inmigrantes en la fresa de Huelva

Aguilar dio a conocer estas actuaciones en la sesión de control del Gobierno en el Parlamento a preguntas de la diputada de IU Elena Cortés, quien lamentó que haya sido a través de un medio de comunicación extranjero «que se haya conocido la situación de abusos por razón de sexo sobre mujeres trabajadoras en la recogida de la fresa en Andalucía».

La diputada recordó que Andalucía cuenta con una ley contra la violencia de género y la Junta tiene la obligación de «proteger» a las jornaleras que llegan a la Comunidad con contratos en origen, en su mayoría de Marruecos y países de la Europa del este. Suelen desconocer el idioma castellano y alojarse en instalaciones en los campos de trabajo, en ocasiones aisladas. Cada temporada pueden llegar a Huelva unas 18.000 mujeres para la recogida de la fresa. Se trata por ello de personas vulnerables, con temor a perder un trabajo lejos de casa si denuncian malos tratos, subrayó Elena Cortés, quien reclamó de la consejera las medidas que piensa poner en práctica en las comarcas de la fresa y datos sobre el incremento de interrupciones de embarazo, sí es que lo hay, como ejemplo de que los abusos sí pueden ser reales.

Rosa Aguilar explicó que la Junta no tenía conocimiento de las situaciones denunciadas en las informaciones periodísticas, «pero desde el momento que tuvimos ese conocimiento, hemos actuado de inmediato», afirmó.

La consejera admitió que al ponerse en contacto con las diferentes organizaciones sindicales, empresariales y sociales de la zona también estas dijeron desconocer que hubiera un problema de fondo, basándose sobre todo en la ausencia de denuncias. De hecho, en los días sucesivos a la aparición de los reportajes de una revista alemana sobre jornaleras como esclavas sexuales de manijeros en los campos, todos en Huelva, desde sindicatos, organizaciones empresariales hasta alcaldes de la zona, negaron que existiera una situación semejante y atribuyeron el reportaje a algún caso puntual exagerado.

La consejera de Justicia tuvo el arrojo ayer de acabar con este manto de silencio. Contó haber propuesto reuniones desde su consejería con representantes de UGT y de organizaciones sociales que trabajan con temporeras inmigrantes. Ninguna tenía conocimiento de la situación denunciada, «pero hicieron indagaciones y trasladaron a la reunión una información, información que hemos remitido a la Fiscalía», aseveró la consejera.

Aguilar calificó de trascendente el problema detectado, para lo que pide ayuda al Gobierno central. Dijo que se tomarán medidas transversales con una mayor alerta para detectar los abusos, desde los servicios sanitarios a los sociales de la Junta de Andalucía en dichas comarcas. La Junta hará también campañas informativas para convencer a las mujeres de su colaboración para actuar cuando se produce acoso o abuso. También solicitará la cooperación de las organizaciones empresariales para que pongan de su parte en la detección de conductas reprobables.