La Junta autoriza acciones legales para paralizar el proyecto de Gas Natural en marcha en Doñana

Justifica la decisión por no haber obtenido respuesta del Ministerio de Agricultura al requerimiento que pedía la paralización cautelar

SUR SEVILLA.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, firmó una orden para que el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía inicie acciones legales por vía contencioso administrativa contra la negativa del Gobierno de la Nación a evaluar de forma conjunta de los cuatro subproyectos de extracción y almacenamiento de gas natural en el entorno del Espacio Natural de Doñana y para solicitar la paralización cautelar del subproyecto ya en marcha, denominado Marismas Occidental.

Según informó el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, los argumentos del recurso contencioso administrativo que interpondrá la Junta se recogen en los informes del Defensor del Pueblo Español y Andaluz, así como en una respuesta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que considera que el riesgo sísmico del proyecto es suficiente para suspender su ejecución. Junto a ello, el recurso del Ejecutivo andaluz también tendrá en cuenta el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que alerta de que la promotora del proyecto «habría rebajado nivel de riesgo por inundaciones» en el caso del subproyecto Marismas Occidental.

Según Blanco, la evaluación «por separado» de los cuatro subproyectos de extracción y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana «no ha abordado los efectos acumulativos del proyecto en su conjunto», por lo que la Junta va a plantear un recurso contencioso administrativo para exigir su «evaluación conjunta por vía legal». De este modo, el portavoz concretó que el Gobierno andaluz adopta esta decisión al no haber obtenido respuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente al requerimiento realizado el pasado mes de diciembre que solicitaba una evaluación conjunta y pedía instar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental.

Así las cosas, insistió en que la Junta reacciona y recurre «por riesgos evidentes según instituciones de solvencia» y que lo hace pensando en garantizar la seguridad de los ciudadanos y no en las posibles reclamaciones patrimoniales que pueden producirse. En este sentido, explicó que será el Gabinete Jurídico el que precise «qué procedimiento, medidas y pasos hay que dar en las próximas semanas».

Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, que acompañó a Blanco en la rueda de prensa, resaltó que la Unión Europea, en el marco de la visita que la pasada semana hicieron el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, y el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, para abordar la situación de Doñana, «la Comisión Europea trasladó que tenía claro que el Gobierno andaluz había iniciado un procedimiento contencioso que clarificaría el asunto». «Y además desmiente rotundamente las palabras de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, cuando decía que la responsabilidad estaba en manos de la Junta», abundó.

De esta manera, Jiménez Barrios sostuvo que ahora serán los tribunales los que «dirán quién tiene la razón al respecto» y, por tanto, esta iniciativa «es absolutamente clarificadora para que no mareen más la perdiz y se pongan al lado de la Junta, que tiene clara la iniciativa política para frenar esos depósitos».

Competencias autonómicas

Los cuatro proyectos de instalaciones de almacenamiento de gas en la zona -Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar- cuentan con otras tantas declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas por la Administración central en el ejercicio de sus atribuciones. Recordó que en el ámbito competencial autonómico, y de acuerdo con las normas de planificación, uso y gestión del Espacio Natural de Doñana, la Junta denegó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) a uno de los subproyectos (Marismas Oriental) por su afección negativa, lo que hace inviable el de Aznalcázar, con el que está estrechamente conectado.

El de Saladillo carece de la autorización de la Ley andaluza de Espacios Naturales Protegidos para actuar en suelo no urbanizable, mientras que el único que dispone de permiso de explotación (Marismas Occidental) está localizado fuera del territorio protegido. La paralización de este último se solicita como medida preventiva en tanto se lleva a cabo la evaluación conjunta.

Por otra parte, los nuevos instrumentos de planificación de Doñana aprobados en agosto de 2016 extreman la conservación de esta zona en toda su extensión y prohíben expresamente la acumulación y el enterramiento de materias primas, productos y residuos sólidos, líquidos y gaseosos.

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