La Junta aprueba la convocatoria extraordinaria de 25.520 plazas de empleo público

La Junta aprueba la convocatoria extraordinaria de 25.520 plazas de empleo público

18.618 corresponden al sector sanitario, 6.000 al docente y 902 a la Administración General

EFE

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una convocatoria de 25.520 plazas correspondiente a la primera oferta extraordinaria para la estabilización de más de 37.000 empleos temporales en la Junta, tanto de la Administración general como de sus entes instrumentales, durante los próximos tres años.

Con ello se da cumplimiento al acuerdo suscrito entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública y las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CSIF, representadas en la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía.

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En esta primera fase se incluyen 25.520 plazas, de las que 18.618 corresponden al sector sanitario, 6.000 al docente y 902 a la Administración General.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la estabilización de las plantillas de la Junta es "fundamental" para evitar que ante una determinada coyuntura económica exista la "tentación" de "arrebatar" el empleo o externalizar dichas plazas.

Ha resaltado que el objetivo de esta oferta extraordinaria es reducir la temporalidad en la Administración de la Junta, que actualmente es de un 23 por ciento y la intención es rebajarla al 8%.

"La administración pública tiene que ser un ejemplo de la eliminación de la precariedad, un motor de ello", ha defendido.

En el ámbito sanitario se recoge ya el total de las plazas objeto de estabilización previstas en el acuerdo, 18.618, repartidas entre más de un centenar de especialidades de personal sanitario, administrativo, técnico y auxiliar.

Destacan las 4.851 de facultativos, las 4.023 de enfermería, las 2.833 de auxiliares de enfermería y las casi 2.000 para celadores.

En cuanto al sector docente, la oferta de hoy recoge 6.000 plazas de los cuerpos de Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas, de las que 3.000 se convocarán en 2018 y otras 3.000 en 2020.

En este ámbito, el proceso de estabilización en su conjunto prevé un total de 12.603 plazas, pero las restantes 6.603 se incluirán en dos ofertas posteriores: una que se aprobará en 2018 con 4.500 para el Cuerpo de Maestros (se convocarán en 2019 y 2021) y la última en 2019 para 2.103 (convocatoria en 2022).

Finalmente, las 902 plazas de la Administración General se reparten entre 720 de funcionarios y 182 de personal laboral y, en ambos grupos, destacan las destinadas a técnicos de grado medio, como diplomados en Trabajo Social, educadores de centros sociales o arquitectos e ingenieros técnicos.

Por otra parte, el acuerdo con los sindicatos incluye, para próximas ofertas extraordinarias, 3.991 pertenecientes a las entidades instrumentales que prestan servicios en sectores prioritarios.

De estas últimas, 869 corresponden a las agencias públicas empresariales sanitarias y,en este bloque, las distintas plazas serán convocadas por cada consejo rector de estas entidades.

En cuanto al personal de la Administración de Justicia, corresponde al Estado la aprobación de la correspondiente oferta extraordinaria, para la que la Junta propone la inclusión de las 388 plazas que hasta el momento cumplen los requisitos legales.

Una vez aprobado el decreto de la oferta extraordinaria, y dentro de los plazos que marca la legislación del Estatuto Básico del Empleado Público, se aprobarán las diferentes convocatorias, previa negociación en el ámbito sectorial correspondiente.

En ellas, según ha destacado la consejera, se garantizará el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Las distintas convocatorias recogerán el cupo de discapacidad del 10 % del total de las plazas, como establece la ley, con porcentajes específicos del 2 % para discapacidad intelectual y del 1 % para enfermedad mental.

En todos los casos, se debe acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33%, siempre que se superen los procesos selectivos y se asegure la compatibilidad con el desempeño de las tareas.

Sobre la fecha concreta de las convocatorias para los sectores sanitario y educativo, la consejera ha dicho que se acordará a nivel estatal para evitar el "efecto llamada" y que Andalucía no reciba un "volumen asimétrico" de aspirantes en relación con otras comunidades autónomas.

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