El juicio de los ERE retrasa la primera vista oral por Invercaria

La jueza Núñez Bolaños archiva una nueva pieza de los ERE por prescripción

SUR SEVILLA.

El primer juicio por las ayudas de la sociedad pública andaluza de capital riesgo Invercaria se ha retrasado hasta que acabe el de la pieza política de los ERE, en el que hay acusados 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La sección primera de la Audiencia de Sevilla, que acogerá ambos juicios, explica en un auto que en las dos vistas orales coincide uno de los acusados, el ex director general de la agencia pública IDEA Jacinto Cañete.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la Audiencia recuerda que está pendiente de resolverse un recurso presentado por Cañete contra su procesamiento en el primer juicio de Invercaria.

Si se confirma este procesamiento, la Audiencia indica que tendría que señalar el juicio por Invercaria cuando concluya el de los ERE, que comenzará el 13 de diciembre y continúa el 14 y 15 del mismo mes, tras lo cual se retomará el 9 y 10 de enero de 2018 y con la posibilidad de que se señalen días adicionales en función de su desarrollo.

Algunos abogados y magistrados consultados por Efe han indicado que este «colapso» en la Audiencia era previsible debido a la acumulación de macrocausas instruidas en los juzgados de Sevilla.

De hecho, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aprobado por unanimidad ofertar tres plazas de jueces para apoyar los juicios de las macrocausas previstos en la Audiencia Provincial de Sevilla. Además, el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, ha pedido que un Juez de Adscripción Territorial (JAT) trabaje como refuerzo de Juan Antonio Calle Peña, el magistrado ponente de la pieza política de los ERE.

En el primer juicio por Invercaria hay seis procesados, entre ellos el expresidente de la sociedad pública Tomás Pérez Sauquillo, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide 6 años de prisión por malversación y 25 años de inhabilitación.

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En este juicio se abordará la ayuda de 300.000 euros concedida a Fumapa, empresa de carpintería metálica y de aluminio de La Carolina (Jaén).

Por otro lado, la jueza de los ERE, María Núñez Bolaños, ha archivado las actuaciones penales por la ayuda de 90.151 euros concedida en 2003 a la empresa gaditana Electrificaciones Roma S.L., y lo hace porque han pasado más de 10 años desde que se otorgó, periodo que supone la prescripción de los delitos de prevaricación y malversación.

En un auto notificado ayer, al que ha tenido acceso Efe, la juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, explica que la ayuda es de una cuantía inferior a los 450.000 euros y, por tanto, se considera que no resulta aplicable el subtipo agravado de los citados delitos, como determinó la Fiscalía Anticorrupción.

La juez, que en abril de 2016 acordó el archivo de otras trece piezas de los ERE por prescripción, recuerda que en 2011 se acordó investigar todas las ayudas sociolaborales o directas concedidas entre los años 2000 y 2010, algunas de ellas aún pendientes del resultado de las indagaciones política de los ERE, que será enjuiciada a partir de diciembre.

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