El juicio del 'caso ERE' se reanuda hoy con la declaración de los acusados

Javier Guerrero, a su entrada a la Audienca. /J. M. Vidal. Efe
Javier Guerrero, a su entrada a la Audienca. / J. M. Vidal. Efe

El primero en comparecer ante el tribunal será Javier Guerrero, el exdirector de Trabajo a quien la Fiscalía pide ocho años de prisión por prevaricación y malversación

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

El juicio de la pieza política del 'caso ERE', en el que se juzga a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 20 excargos de la Junta de Andalucía, se reanuda hoy tras el parón de tres semanas para que el tribunal resolviera las cuestiones previas planteadas por las partes. La de hoy será la séptima sesión y puede considerarse que ahora comienza de verdad el juicio con la declaración de los acusados. El primero en responder ante el tribunal, acusación y defensas, será el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, para quien la Fiscalía solicita ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación.

A Guerrero se le considera el principal encausado de los cargos políticos del 'caso ERE'. Fue a raíz de su declaración ante la Policía en 2010 sobre intrusos en un ERE de Mercasevilla cuando la titular entonces del número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, comenzó a tirar del hilo y abrió en enero de 2011 diligencias que darían lugar al 'caso de los ERE'. En aquella declaración policial Guerrero, ya fuera de la Consejería de Empleo, llegó a calificar de «fondo de reptiles» la partida 31L del Presupuesto destinada a las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. La Junta repartió entre 2000 y 2011 cerca de 855 millones de euros con estos fines, aunque solo están en tela de juicio 741.

Chófer y cocaína

Alaya ordenó su ingreso en prisión preventiva en marzo de 2012, coincidiendo con las elecciones autonómicas, cuando se conoció que había concedido 1,3 millones de euros a su chófer Juan Francisco Trujillo para empresas fantasma y que este declaró haber gastado parte en fiestas y cocaína con su jefe. También se supo que había incluido a su suegra como beneficiaria de una prejubilación en el ERE (expediente de regulación) de una empresa. Salió en octubre de dicho año tras pagar una fianza de 50.000 euros, pero luego en marzo de 2013, tras una nueva redada de la Guardia Civil, volvió a ingresar en prisión preventiva, de la que salió en junio de dicho año, esta vez sin fianza.

Guerrero no solo aparece como acusado en la pieza que juzga la sección primera de la Audiencia de Sevilla para esclarecer si hubo delito en la utilización del procedimiento administrativo para la concesión de las citadas ayudas y su pago a través de las transferencias de financiación por la agencia pública IFA-IDEA. También ha figurado como investigado en las piezas separadas por las ayudas a empresas y las sobrecomisiones. En la del chófer de la cocaína la Fiscalía le pedía 14 años de prisión por falsedad documental, prevaricación y malversación.

Una acusación que puede no prosperar si la instructora aplica la doctrina de la sección séptima de la misma Audiencia de Sevilla, que ha resuelto que los procesados no pueden ser juzgados dos veces por los mismos hechos, al entender que tanto en la pieza política como en las individuales por cada ayuda se trata de los mismos delitos.

Esto ha hecho que los fiscales exigieran al tribunal que se pronunciara sobre si el juicio también incluye las ayudas individuales e incluso le instaron a devolver el sumario al instructor. El tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha sido taxativo: «Las ayudas individuales no son objeto de enjuiciamiento en la presente causa, y no porque así lo interprete este tribunal, sino porque así se desprende de las resoluciones firmes que obran en la causa».

270 ayudas

El juez instructor Álvaro Martín refiere en el auto de procesamiento respecto a Guerrero que, en su condición de director general de Trabajo (1999- 2008), asumió e impulsó el desarrollo del sistema conociendo «la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones».

También alude a que Guerrero concedió, sin tener competencias para ello, 270 subvenciones a empresas y 617 ayudas sociolaborales eludiendo, «el procedimiento legal para ello, así como los mecanismos de control de la concesión y destino de las ayudas».

Javier Guerrero, según el juez instructor, «dispuso de los fondos vinculados a este procedimiento de manera discrecional, si no arbitraria, e, incluso, con fines ajenos a los intereses generales a los que estaban destinados, eludiendo la fiscalización previa de la Intervención General de la Junta de Andalucía, omitiendo el régimen aplicable en relación a la autoridad competente para la concesión de la subvención, con ausencia de bases reguladoras de la subvención, así como de convocatoria pública para su conocimiento por todo interesado en acceder a ella, con falta de control del cumplimiento, por parte del perceptor de la subvención de los presupuestos o condiciones para disfrutar de la ayuda y con ausencia de un control posterior del destino dado a la subvención».

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