Un juicio por corrupción en Andalucía, 5 en Canarias, 4 en Valencia y 3 en Cataluña

Los juzgados de la comunidad dictaron 6 condenas por este motivo en el tercer trimestre de 2017

SUR SEVILLA.

Los juzgados andaluces dictaron en el tercer trimestre de 2017 seis sentencias total o parcialmente condenatorias por delitos de corrupción y una absolutoria, según los datos publicados hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según estos datos, de las seis sentencias condenatorias, dos lo fueron con conformidad entre las partes, tres sin conformidad y una parcialmente condenatoria y se refieren a delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude, violación de secretos, actividades prohibidas a funcionarios o abusos de su posición o corrupción en transacciones comerciales.

En España en total se dictaron 21 sentencias por estos delitos, 17 de ellos condenatorias, siendo Andalucía la comunidad en la que más fallos por este tipo de delitos se emitieron.

EL CGPJ indica en su informe que estas sentencias condenatorias, total o parcialmente, representan el 80,9% del total.

En cuanto a las personas procesadas por delitos de corrupción entre julio y septiembre del año pasado, en Andalucía sólo hubo un procedimiento contra un único acusado de los 20 juicios celebrados en toda España por este tipo de delitos con 99 acusados.

Sin embargo, otras comunidades tuvieron resultados mucho peores: en Canarias se abrieron cinco juicios, con 24 imputados. En Castilla y León se decretó la apertura de juicio en dos causas por corrupción, con ocho investigados.En Cataluña fueron tres causas, con 23 personas en el banquillo, y en Valencia cuatro, con 16 imputados. Galicia tuvo una sola causa, aunque con 14 imputados.

En esta estadística no está incluido el primero de los juicios de la macrocausa de los ERE, en el que están procesados 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, ya que el mismo comenzó el 13 de diciembre.

El observatorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ofrecen información sobre la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía.

De este modo, los procedimientos judiciales tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, y corrupción en las transacciones comerciales internacionales).

En cuanto a personas sometidas a régimen penitenciario, como penados o en situación de prisión preventiva, el CGPJ indica en su informe que a 1 de enero de 2018 había en España 74 penados --en 40 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 21 con el de cohecho-- y 13 preventivos.

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